Actualizado el 04/07/2025 14:37 Compartir
J. Marcial Rodríguez ha vuelto a hacer alarde de su capacidad para evitar dar cuentas de su turbia gestión al frente del departamento de Turismo. Esta vez ha sido en respuesta a una interpelación del Grupo Socialista, en la que se pedía de forma muy clara, datos sobre sanciones, expedientes, y recaudación en ordenación turística, en relación con la supuesta política de persecución contra la actividad ilegal en Mallorca que afirma liderar Galmés desde el Consell de Mallorca. La iniciativa de la consejera socialista Juana M. Adrover pretendía aportar luz sobre "sanciones ha cobrado el Consell por alquiler turístico ilegal en Mallorca; cuántos pisos turísticos ilegales o establecimientos turísticos se han cerrado por incumplimientos legales; y cuántas licencias de alquiler vacacional han sido suspendidas o retiradas".
En su respuesta, sin argumentación ni datos de su gestión, y enfocada una vez más a la crítica a los anteriores responsables del departamento, Rodríguez ha afirmado que la cifra de sanciones ejecutadas y cobradas por su departamento habían pasado de los 2 millones de 2022, a los 8 millones de 2024. Esta afirmación es falsa, según los mismos datos de liquidación del presupuesto. Así, los 8 millones de euros serían la cifra de “derechos reconocidos”, es decir, expedientes de sanciones en trámite, pero que no se han cerrado. En realidad la cifra de sanciones realmente cobradas por el departamento de Turismo en 2024 sería de 2 millones de euros, una cifra muy similar a la de 2022, que precisamente Rodríguez pretendía dejar en evidencia con su comparativa.
Adrover ha señalado una vez más la ineficacia de la gestión de Rodríguez, ejemplificada en el último acuerdo anunciado con bombo y platillo con la plataforma comercializadora AirBnB. Un acuerdo que incluye el anuncio de la retirada de 130 anuncios de alquileres ilegales de sus páginas, y la obligación de la inclusión del número de licencia para cada unidad de alojamiento. "Un acuerdo absolutamente innecesario desde el punto de vista normativo, por qué la Ley ya obliga a todas las plataformas a mostrar el número de registro turístico en cada anuncio. Usted lo que debe hacer es exigirles que cumplan la ley, no firmar acuerdos de buena voluntad con una de ellas y blanquearlas", ha afirmado Adrover.
El silencio de Rodríguez en las demandas de información del Grupo Socialista ha contrastado este jueves con las afirmaciones del alcalde de Palma. Jaime Martínez, en presencia de Galmés y de Rodríguez admitió la cifra de 15.000 alojamientos turísticos ilegales sólo en Ciudad, que en su mayoría se comercializan a través de las plataformas como AirBnB. "Hay que tener mucho estómago para vender como un avance un acuerdo con una plataforma que afirma retirar 130 anuncios, cuando sólo en Palma ya saben que tienen cerca de 15.000 ilegales", ha afirmado Adrover. Nunca pueden celebrarse como buenas noticias en la persecución del alojamiento ilegal una iniciativa que en el mejor de los casos actúa sobre el 0,9% de los pisos que se alquilan a turistas, sólo en Ciudad.
Mientras, Adrover ha hecho referencia a un verano “de caos y lleno de personas arrastrando maletas que suben y bajan de pisos en edificios plurifamiliares, mientras que Marcial Rodríguez sigue enredado en una dialéctica filosófica que afecta a la organización interna, pero que no avanza hacia la eficacia de las actuaciones, pero no avanza hacia la eficacia de las actuaciones temporada alta.
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