El PSIB-PSOE acusa al PP de impulsar un gran pelotazo que antepone el negocio de los grandes promotores a la emergencia de vivienda de la gente

El PSIB-PSOE ha denunciado en el pleno del Parlamento que el PP está promoviendo un gran pelotazo urbanístico en la peor crisis de vivienda que jamás han vivido las Islas, con un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que antepone los intereses de promotores y gestores inmobiliarios a las necesidades de la gran mayoría de la ciudadanía y que le ajusten.

La diputada Mercedes Garrido ha acusado al PP de facilitar a los promotores un 30% más de beneficios para los mismos pisos que debían construirse como Vivienda de Protección (VPO), y que ahora se construirán como viviendas de precio limitado. Garrido ha recordado que todos los solares que se ponen a disposición "ya existían hace más de 30 años" (como son los casos de Cas Pastors, Son Toells, Can Fontet, Son Güells o Son Ametller). El Plan General de Palma de 2023 clasificó estos solares como urbanizables residenciales, “a condición de que la mitad fueran VPO y que se hicieran mayores cesiones” para equipamientos, zonas verdes, escuelas, centros de salud... Pero ahora el PP, además de provocar el encarecimiento de los pisos, también se ha permitido aumentar la edificación. y equipamientos; y más personas presión humana en estos solares.

Marc Pons, por su parte, ha denunciado que el PP ha eliminado 11 zonas urbanizables de VPO en Palma, lo que supone que miles de viviendas protegidas se dejarán de construir. Pidió al conseller Mateo si el Govern ha calculado las plusvalías que se generará debido al cambio en las edificaciones ya qué promotores se está beneficiando con esta modificación.

Por ello, ha pedido al conseller porque el Govern da estas plusvalías "a cambio de nada" y si "cree que aprobar cientos de millones de euros en plusvalías para unos promotores de Palma es defender el interés general". Pons ha criticado el hecho de que el Gobierno de Prohens haya eliminado toda la vivienda de protección oficial en la peor crisis de la vivienda que viven las Islas, que ha obligado a partir a muchas personas de la comunidad porque no puede hacer frente a las subidas de precio.

Unos incrementos que, según ha indicado Damià Borràs, son los más elevados de toda España en el último año La vivienda nueva ha subido un 12,8% en un año, el mayor incremento del país, y el precio de segunda mano lo ha hecho en un 25%. Borràs criticó que el PP no empezó ni un solo piso de protección oficial, pero sí hizo un decreto ley para simplificar la destrucción del suelo rústico, tramitando 4.889 viviendas que no fueron a precio asequible, y que consistió en ceder la gestión a empresa privada, a través del programa Alquiler Seguro.

Malena Riudavets hizo evidente que el PP no mira por los colectivos más vulnerables, a diferencia de los anteriores dos gobiernos de Pacte, que además de impulsar la construcción de 1.000 viviendas públicas, también se crearon mecanismos para controlar los precios.

Pero ahora que gobierna el PP, se hace un decreto ley que permite 20.000 viviendas de las que 10.000 solo podrán acceder las más ricas. Y "construir no significa garantizar el acceso a la vivienda. Lo que permite el acceso a la vivienda son los precios asequibles, los criterios sociales y la protección pública. Si todo esto no está, no se hace política de vivienda, se hace negocio para unos pocos". Por eso ha acusado al PP no de hacer gestión con visión de política social, sino de hacer gestión para los grandes promotores.