El PSIB-PSOE denuncia que el decreto de liberalización de suelo del Govern permitirá un pelotazo global de unos 375 millones de euros

La diputada del PSIB-PSOE Mercedes Garrido ha denunciado en el Parlamento que el Decreto Ley aprobado el viernes por el Consejo de Gobierno, de medidas urgentes destinadas a la obtención de suelo en Palma permitirá un pelotazo de unos 375 millones de euros, que sólo beneficiará a "un par no mallorquín de los inmobiliarias", que se lucrará. Por eso, ha pedido al conseller Mateo "quien está detrás del decreto ley" y para quien lo han legislado.

Garrido ha explicado que pese a que el Plan general de Palma obligaba a que todos los nuevos sectores tuvieran asignado un 50% de vivienda de protección (VPO), obligatoriamente, ahora el nuevo decreto cambia la obligación de VPO por la de construir Viviendas de Precio Limitado (HPL), con una diferencia fundamental: “A los promotores les costará el más gastos, pero un 30% más caro”.

El cálculo que sale de este 30% de incremento de precio es: el precio medio de una vivienda en Palma es de unos 250.000 euros, a los que hay que añadir otros 75.000 (30%). Si se planea la construcción de unas 5.000 viviendas a precio limitado, "el pelotazo es de 375 millones de euros, que este Gobierno dará a un par de inmobiliarias".

Damià Borràs ha añadido que un efecto perverso de este Decreto Ley es que se vuelve a dejar de lado a las familias que más lo necesitan, y ha instado al Govern a limitar los precios de las viviendas, al igual que lo está haciendo Catalunya.

Borràs ha indicado que con el decreto ley del PP, el Gobierno abre la puerta a los promotores "espabilados" que podrán dar prioridad a las viviendas de lujo de precio libre, mientras que los pisos de precio limitado quedarán para más adelante, "en seis, ocho o diez años".

Borràs ha insistido en que los precios del alquiler siguen creciendo de forma exponencial en Baleares (un 6,7% en febrero) mientras que haber declarado zonas tensadas en Catalunya hace que los precios de alquiler de Barcelona hayan descendido un 6,4%. Y ha recordado que "poner límites funciona: límites al alquiler, a los coches, al turismo. Pero el Gobierno han preferido transferir la política de vivienda pública a los promotores inmobiliarios".

Amanda Fernández ha profundizado con la situación de Catalunya, para compararla con la de las islas, y ha añadido que la caída de un 3,7% de los precios en toda Catalunya y de un 6,4% en Barcelona "no son opiniones, sino datos" contrastados.

Fernández ha rebatido el argumento del PP que dice que estas medidas hacen bajar la oferta, cuando en Barcelona ha pasado lo contrario, y se han firmado más de 800 nuevos contratos: “Y yo añadiría, mientras que ustedes dicen que la realidad de Barcelona es que baja la oferta, en las Islas Baleares no hay nada de oferta de vivienda, según han manifestado promotor. Por eso, y ante las mismas condiciones "aquí y en Barcelona", la diferencia es que allí bajan los precios y aquí siguen subiendo día a día.