Actualizado el 12/09/2024 13:35 Compartir
PIMEM, en boca de su presidente Jordi Mora, ha defendido que la patronal siempre defenderá iniciativas empresariales que supongan la diversificación económica pero siempre dentro de unos parámetros razonables de protección territorial, mantenimiento paisajístico y preservación de los recursos naturales. Para Mora “si todos coincidimos que el mantenimiento de nuestro territorio es la materia prima más apreciada para nuestra principal industria, el turismo, un proyecto como este, en el mismo corazón de Mallorca, no suma, resta y no aporta valor añadido de ningún tipo”. Para la Federación el proyecto de la macro granja es una propuesta de producción intensiva y pensada para “entrar en una guerra de precios” y no en un posicionamiento de calidad. PIMEM también apunta a los perjuicios que pueda generar a los agroturismos del entorno ya que según la propia federación ya han recibido informaciones de los olores que desprende una macro granja de este tipo además de la gestión de los residuos que generarán las setecientas cincuenta mil gallinas que estarán en dichas instalaciones.
Por su parte Unió de Pagesos y a través de su gerente, Joan Gaià, asegura que el debate es complejo pero que la sociedad en general y las instituciones en particular deben entender que este tipo de iniciativas no tienen cabida en Mallorca. “Tenemos unos recursos hídricos muy limitados y no podemos entrar en la rueda de producir muchos alimentos a bajo precio. No podemos entrar en la liga de la agroindustria tenemos que subir de categoría, producción de calidad, proximidad y cuidar al máximo el territorio”.
Miquel Coll, presidente de APAEMA, ha asegurado que “lo que es incomprensible es que las pequeñas explotaciones familiares arraigadas al territorio tengan que cumplir las mismas exigencias que macro proyectos como el de esta granja”. Para Coll este proyecto está totalmente alejado del modelo productivo de nuestras islas ya que además de consumir las siete hectáreas estamos hablando que necesitará mucha agua y mucha energía”. Esta entidad ya presentó alegaciones en su momento.
Las tres entidades han hecho un llamamiento a la administración a que tenga en cuenta cómo afecta la normativa vigente a los pequeños productores y como en más de una ocasión se premia a las grandes empresas a pesar de tener comportamientos éticamente reprobables y con claros perjuicios sociales, medioambientales y económicos ya que en este último caso en muchas ocasiones genera destrucción de tejido empresarial.
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