El PP de Palma critica al regidor de Cultura de Cort por cuestionar la labor de los servicios jurídicos del Consell

El grupo municipal del PP ha reprochado al regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Miquel Perelló, sus críticas hacia la actuación del jefe de los servicios jurídicos del Consell de Mallorca en relación al expediente de demolición del monumento de sa Feixina.

Para la portavoz popular en Cort, Marga Durán, "no es admisible que el equipo de gobierno, y en concreto el concejal de Cultura, cargue contra un funcionario simplemente porque un informe o una resolución afecta negativamente a sus intereses políticos y partidistas", según indica en un comunicado.

Cabe recordar que, tras darse a conocer públicamente este lunes la decisión del Consell de ordenar la suspensión cautelar de la demolición del monumento, Perelló cuestionó la labor del alto funcionario de la Institución insular, acusándole de haber actuado "a la ligera".

Para Durán, la reacción del edil de Cultura "demuestra que Palma cuenta con un gobierno municipal que interpreta las normativas y juzga las decisiones de funcionarios independientes y cualificados en función de si el resultado es o no de su conveniencia".

La líder del principal partido de la oposición del PP ha exigido a Perelló que se limite a "aceptar los dictámenes técnicos y administrativos, independientemente de que le gusten o no", y le ha reclamado "respeto" hacia el Consell de Mallorca y sus servicios jurídicos.

"LOS FUNCIONARIOS DEL CONSELL MERECEN UN RESPETO"

En esta misma línea, el portavoz popular en el Consell, Mauricio Rovira, ha defendido también la actuación del alto cargo técnico de la institución que ha sido objeto de las recriminaciones del regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma.

Para Rovira, todos los funcionarios del Consell "merecen el máximo respeto por parte de los responsables políticos, pertenezcan o no a esta institución".

Al margen de ello, Rovira ha recordado que la suspensión cautelar del expediente de demolición de sa Feixina "es el simple resultado de aplicar la legislación vigente", según la cual cualquier obra o proyecto que se ve afectado por un recurso "ha de paralizarse temporalmente hasta que la instrucción concluya definitivamente".