Suspenden de manera cautelar 'cualquier actuación' para demoler el monumento de Sa Feixina

El Consell de Mallorca ha comunicado al Ayuntamiento de Palma y a todas las partes interesadas la orden de suspensión cautelar y paralización de "cualquier tipo de actuación encaminada a la demolición del monolito de Sa Feixina".

Según han explicado, esta suspensión "tendrá vigencia mientras se resuelve el recurso de alzada contra el acuerdo de la Comisión de Patrimonio".

Así, han señalado que la resolución adoptada forma parte de la tramitación administrativa abierta tras la presentación el pasado 4 de mayo de un recurso de alzada interpuesto por la Asociación de Vecinos y Amigos de Santa Catalina contra el acuerdo de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico de 22 de diciembre de 2015.

Esta Comisión desestimó por mayoría iniciar el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) o Bien Catalogado el monumento de Sa Feixina por "la falta de valores patrimoniales que así lo justifiquen".

De esta manera, el recurso de alzada se manifiesta en desacuerdo "con esta decisión y pide a la comisión de gobierno del Consell que se inicie el expediente de declaración de Bien Catalogado a favor del monumento de Sa Feixina y que, mientras se tramita la resolución de este recurso, se paralice cualquier actuación encaminada a la demolición del monumento".

Tras esto, el Departamento de Cultura, Patrimonio y Deportes del Consell ha dado respuesta a esta petición a partir del informe del jefe de Servicio Jurídico de Patrimonio Histórico, según el cual esta demanda de medida cautelar temporal "debe ser atendida, en aplicación de los artículos 23 y 24 de la ley del patrimonio histórico, dirigida a evitar la pérdida de un elemento de posible valor patrimonial mientras la administración competente se pronuncia sobre su protección".

En este caso, se está a la espera de que la comisión de gobierno se pronuncie sobre "si se debe iniciar o no el expediente de declaración de Bien Catalogado del monolito de Sa Feixina".

La suspensión tendrá vigencia mientras se tramita este recurso, cuyo plazo máximo es de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la orden de suspensión.

En estos momentos, el recurso de alzada ya ha sido notificado a todas las partes interesadas, las cuales tienen 10 días para presentar alegaciones.