El juez Castro indaga la ejecución del polideportivo Sant Ferran de Palma por parte de los García-Ruiz

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha recibido numerosa documentación relativa al proyecto básico de construcción del polideportivo Sant Ferran de la capital balear, que fue aprobado en abril de 2005 y elaborado por los arquitectos Jaime y Luis García-Ruiz, quienes se encuentran encausados en varias de las piezas del caso Palma Arena a raíz de su contratación 'a dedo' durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

Entre los informes y documentos aportados por el Ayuntamiento de Palma a petición del magistrado, se encuentra el acuerdo con el que Gerencia de Urbanismo, entonces dirigida por el exconcejal Javier Rodrigo de Santos, aprobó el proyecto de demolición del campo de deportes ubicado entonces en la zona para la posterior ejecución del polideportivo.

Previamente, la Fundació Illesport, dependiente del Govern, había sido la encargada de nombrar a los técnicos que debían redactar el proyecto básico de construcción, que recayó en manos de los hermanos García-Ruiz, para posteriormente ser aprobado por la Junta de Gobierno del Consistorio. La financiación del mismo corrió a cargo del Ejecutivo autonómico.

En el marco de esta pieza, la número nueve del caso Palma Arena, Castro dictó un auto el pasado mes de febrero con el que abría paso para que Matas se siente de nuevo en el banquillo de los acusados, en esta ocasión por auspiciar la contratación 'a dedo' de ambos arquitectos, que se encargaron de dirigir las obras de construcción del velódromo y quienes acabaron percibiendo unos honorarios de unos nueve millones de euros por hacerse cargo del considerado proyecto estrella del último mandato de Matas.

El magistrado llegó a calificar de "aberración jurídica" la contratación de Jaime y Luis García-Ruiz, e incidía en que ésta "carece de todo soporte administrativo".

Los propios arquitectos declararon en su día que fue el propio Matas quien les llamó personalmente para dirigir los trabajos de construcción. Para ello, el expresidente rescindió el contrato al arquitecto inicial de las obras, Ralph Schürmann, a quien ambos hermanos atribuyeron las causas que motivaron el sobrecoste del velódromo, cuyas obras, presupuestadas inicialmente en unos 48 millones de euros, pasaron a costar cerca de los 110 millones.

En su auto de pase a procedimiento abreviado, Castro recuerda cómo la contratación de Schürmann se produjo "sin sujeción a procedimiento alguno de contratación administrativa", al igual que los García-Ruiz "fueron 'de facto' impuestamente contratados desde el inicio como arquitectos", tal y como se desprende, abunda, del hecho de que en noviembre de 2004 uno de ellos recibió una llamada de Matas, "con quien mantenía fluidas relaciones tanto como para haber asistido a la boda de su sobrino".

CONTRATACIÓN TRAMITADA "CON URGENCIA" Y SIN PUBLICIDAD

El magistrado hace hincapié en que el procedimiento fue tramitado como un negociado sin publicidad "con carácter de urgencia", y en el mismo se autorizó a ambos hermanos a contratar al arquitecto que debía proyectar la pista e invertir en gastos de gestión y publicidad por 3,2 millones de euros, "sin que conste presupuesto alguno relativo a estos conceptos ni documento que avale que estas cantidades se corresponden realmente con dichos gastos".

Para Castro, resulta "totalmente irregular" que sean los arquitectos los encargados de contratar y abonar los gastos de ingeniería y la construcción de la pista, "mereciendo dicho contrato el calificativo de aberración jurídica, que incluso los propios hermanos García-Ruiz conceptúan como anormal en su profesión y que absolutamente todos los que han tenido oportunidad de pronunciarse, incluida la Comisión Deontológica del Colegio de Arquitectos, le dedican serias descalificaciones".

El resto del dinero que ha sido objeto de investigación, "nada menos" que 5,2 millones, corresponden a los honorarios de los García-Ruiz por el proyecto, la dirección de obra y los gastos de arquitectura. "Si el contrato es ya de por sí irregular, no digamos de las facturaciones que con ocasión del mismo se emitieron", asevera Castro, quien aclara que éstas centran el foco de otras piezas separadas.

CONFORMIDAD DE LOS GARCÍA-RUIZ EN OTRA PIEZA SEPARADA

Se da la circunstancia de que los García-Ruiz, en el marco de otra pieza, se enfrentan a seis meses de cárcel tras haberse declarado culpables de un delito fiscal al no haber tributado los beneficios supuestamente ilícitos obtenidos de la ejecución de los trabajos.

La defensa de los dos hermanos alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado en la pieza 26 de la causa, uno de los últimos flecos que se abrió dentro del caso con el objetivo de investigar si ambos realizaron una provisión de fondos por valor de 400.000 euros dentro de la contabilidad de su empresa, GR1, para no tributar a Hacienda y enmascarar los beneficios que obtuvieron.