El PP presenta alegaciones al derribo de sa Feixina que aluden al carácter 'arbitrario' y 'político' de la decisión

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Marga Durán, ha registrado este martes en las dependencias de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) el escrito de alegaciones que el grupo municipal ha presentado contra la decisión de la junta de gobierno de aprobar las condiciones para la contratación del proyecto de demolición del monumento de sa Feixina, adoptado el pasado 13 de abril.

Durán ha acudido a las dependencias municipales junto a los concejales Javier Bonet, Guillermo Sánchez y Fernando Rubio. Todos ellos, junto al resto de ediles del grupo popular, son los signatarios del escrito registrado.

Así, el documento se basa en tres puntos, según informa la formación en un comunicado.

En el primero, el PP alega que la decisión de derribar el monumento se fundamenta en criterios "marcadamente políticos y partidistas e infringe de manera clara el espíritu y la letra de la Ley de Memoria Histórica, que establece medidas a favor de quienes padecieron situaciones de persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura".

Igualmente, el punto hace referencia a los acuerdos de pleno aprobados por unanimidad en 1998 y 2010, en este último caso bajo mandato socialista, en los que se otorga al monumento "la categoría de símbolo de la voluntad democrática de la ciudad de Palma para no olvidar el horror de las guerras y las dictaduras".

Al mismo tiempo, los populares recuerdan que este elemento arquitectónico y cultural no constituye ya, actualmente, un homenaje al crucero 'Baleares', sino a los jóvenes mallorquines que perecieron en el mismo, reconociendo la arqueóloga municipal, en su informe de 16 de septiembre de 2015, que la estructura no conserva ningún aspecto de exaltación que pudiera hacerle incompatible con las disposiciones de la Ley de Memoria Histórica.

La técnica, además, como subraya el PP, no defiende en su escrito la demolición del monumento, sino únicamente su retirada.

En un segundo punto de las alegaciones, los populares insisten en la ilegalidad del procedimiento por vulnerar la legalidad vigente a causa de su carácter político y arbitrario, y la carencia de base jurídica objetiva que apoye la medida adoptada por la junta de gobierno y suscrita únicamente por regidores del equipo municipal, en concreto el teniente de alcalde de Model de Ciutat, Antoni Noguera, i la teniente de alcalde de Funció Pública, Aurora Jhardi.

Por último, el tercer punto del escrito de alegaciones del PP se centra en la doctrina jurisprudencial, dado que el equipo de gobierno asegura apoyar su decisión en una sentencia del Tribunal Supremo de 2012 que, en realidad, hace referencia a una estatua dedicada al general Franco.

Los populares entienden que esta circunstancia es "completamente ajena al caso del monumento de sa Feixina y no ofrece la más mínima base que justifique la retirada o demolición de la estructura".

PIDEN LA REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE CORT

En consecuencia, el PP solicita en la conclusión de sus alegaciones que Cort acuerde la revocación y anulación de la decisión sobre el derribo del monumento, y deje sin efecto el acuerdo adoptado en la junta de gobierno del pasado 13 de abril.

En este sentido, la portavoz del grupo, Marga Durán, ha expresado su confianza en que el equipo municipal "estime las alegaciones del PP y, en caso contrario, que fundamente jurídicamente su no aceptación, dado que este tipo de decisiones no se pueden adoptar de manera arbitraria y con finalidades exclusivamente políticas o ideológicas, como ha ocurrido hasta el momento, sino en base a los dictámenes legales".

Durán ha insistido en que el monumento de sa Feixina "cumple actualmente todas las disposiciones establecidas en la Ley de Memoria Histórica" y ha recordado que la demolición de la estructura "debe contar con el aval de la firma de un funcionario de carrera, cosa que no ha ocurrido en el acuerdo de la Junta de Gobierno".