OceanCare aplaude la prohibición en España de nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos

OceanCare, organización internacional para la protección del medio marino, valora de forma muy positiva que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada definitivamente esta mañana en el Congreso de los Diputados prohíba la búsqueda de nuevos recursos de hidrocarburos en todo el territorio español (terrestre y marítimo, incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental) [artículo 9 de la Ley].

“Aplaudimos al Gobierno y al Parlamento español por la decisión de prohibir la exploración de petróleo y gas en todo su territorio. España entra así en el grupo de países progresistas que apuestan por acabar con la era de los combustibles fósiles y avanzar hacia la descarbonización de la economía, en cumplimiento del Acuerdo de París”, declara Nicolas Entrup, Codirector de Relaciones Internacionales en OceanCare.

España seguirá así los pasos de países como Francia, Dinamarca y Nueva Zelanda que anteriormente han tomado medidas legislativas similares. En diciembre de 2017, Francia fue el país que tomó la iniciativa en la prohibición de la exploración y explotación de hidrocarburos en todo su territorio nacional.

En abril de 2018, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció la prohibición de nuevas exploraciones de petróleo y gas en las aguas bajo su jurisdicción. La Zona Económica Exclusiva de Nueva Zelanda es la cuarta más grande del planeta y la mitad de las especies de delfines y ballenas del mundo viven o transitan las aguas de Nueva Zelanda, desde especies críticamente amenazadas como el delfín de Maui hasta la ballena azul, el mamífero más grande del planeta.

Más recientemente, en diciembre de 2020, Dinamarca puso fin a las nuevas exploraciones de petróleo y gas en el Mar del Norte danés como parte de un plan para eliminar gradualmente la extracción de combustibles fósiles en el 2050 (con la lamentable salvedad de que la decisión no cubre las aguas de los territorios autónomos de Groenlandia y las Islas Feroe, que probablemente podrían seguir con la continuación de la exploración y explotación de hidrocarburos en esas zonas).

"Esta prohibición es también un reconocimiento a la larga lucha de la sociedad civil española en pro de la protección de los ecosistemas marinos frente a los daños que ocasionan las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos", afirma Carlos Bravo, portavoz de OceanCare en España.

En efecto, esta prohibición también tendrá múltiples beneficios para la fauna marina, ya que supone el fin a las prospecciones sísmicas realizadas por las empresas petroleras en el mar en busca de nuevos yacimientos de petróleo y/o gas bajo el lecho marino. En estas prospecciones, estas compañías utilizan cañones de aire comprimido que generan enormes niveles de ruido submarino que tienen efectos muy negativos sobre la fauna marina (incluyendo mamíferos marinos, tortugas, peces e invertebrados).

OceanCare considera que el proyecto de ley original ha sido, en general, mejorado durante su tramitación parlamentaria, y se congratula de haber contribuido a ello con propuestas de enmiendas sobre las disposiciones de exploración y explotación de hidrocarburos que fueron presentadas a los grupos parlamentarios y que finalmente fueron registradas por varios partidos como enmiendas propias.

Una mejora significativa conseguida durante la tramitación parlamentaria con respecto a los proyectos de exploración actualmente en tramitación es que ya no se admitirán las solicitudes de autorización de explotación de hidrocarburos que no se hayan iniciado antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley. Esto pondrá fin a la mayoría de los proyectos actualmente en curso.

Así mismo, se fija el 31 de diciembre de 2042 como fecha de finalización definitiva de la última concesión de explotación de hidrocarburos actualmente en vigor. No obstante, OceanCare cree que la ley debería haber excluido expresamente la posibilidad de otorgar nuevas prórrogas a las actuales concesiones de explotación vigentes una vez expirasen sus respectivas licencias. Al caducar éstas de forma natural, no habría por tanto expropiación alguna ni terminación prematura de los permisos vigentes. El Gobierno no está obligado legalmente a conceder ningún tipo de prórroga una vez acabado el periodo concesional vigente. Se trata de una decisión puramente potestativa por parte del Gobierno, aunque hasta ahora la práctica habitual haya sido concederlas. Por lo tanto, no existiría la posibilidad de reclamaciones por lucro cesante por parte de las empresas explotadoras.

Con esta Ley, España se dota del marco legal necesario para poder hacer frente al cambio climático, la mayor amenaza a la que se enfrenta el mundo, para la inmensa mayoría de los españoles, y avanzar hacia un modelo económico bajo en carbono (descarbonizado) y, por tanto, libre de la insana dependencia de los combustibles fósiles que actualmente padecemos.