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Se realizaron 34.961 inmatriculaciones a favor de la Iglesia Católica entre 1998 y la entrada en vigor de la ley de 2015

Se realizaron 34.961 inmatriculaciones a favor de la Iglesia Católica entre 1998 y la entrada en vigor de la ley de 2015

Actualizado el 17/02/2021 06:30                Compartir

La vicepresidenta primera del Gobierno, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha presentado al Consejo de Ministros el listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015. El informe ha sido remitido al Congreso de los Diputados, en cumplimiento del mandato parlamentario aprobado en 2017.

Carmen Calvo ha explicado que la modificación de la Ley Hipotecaria realizada por el Ejecutivo de José María Aznar el 30 de diciembre de 1996 favoreció que se pudieran inscribir a título de propiedad los bienes eclesiásticos con la certificación expedida por el diocesano correspondiente. Una nueva reforma de la norma, en el año 2015, puso fin a esa posibilidad.

La vicepresidenta ha detallado que, según la información recabada en la totalidad de los Registros de la Propiedad, se realizaron 34.961 inmatriculaciones a favor de la Iglesia Católica entre el 1 de enero de 1998 y la entrada en vigor de la ley de 2015. De ese total, 20.014 fincas son templos de la iglesia o dependencias complementarias y 14.947 son otro tipo de fincas: terrenos, solares, viviendas o locales. Además, ha precisado que 30.335 inmatriculaciones responden a una certificación eclesiástica y 4.626 se han inscrito bajo un título distinto.

Calvo ha destacado que la elaboración de la lista supone un ejercicio de transparencia del Gobierno, que ha ofrecido una información prolija, rigurosa y veraz. A partir de ahora, es posible la consulta pública del origen de la inmatriculación de los bienes inmuebles, lo que podría facilitar su reclamación en caso de conflicto sobre su titularidad.

La vicepresidenta ha aclarado que las inmatriculaciones se produjeron al amparo de una situación legal. Esa legalidad, ha añadido, provocó un volumen que ahora puede ser contestado por las vías administrativa y judicial.


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