Actualizado el 26/01/2021 18:41 Compartir
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley orientado a reforzar y consolidar las medidas sociales en defensa del empleo y el tejido productivo, que incluye el acuerdo social alcanzado con los agentes sociales para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha incidido en que esta norma se caracteriza por la anticipación, dado que el pacto entre patronales y sindicatos ha sido rápido, lo que evidencia que el mecanismo "está funcionando muy bien".
El texto, a juicio de Escrivá, genera certidumbre porque los ERTES y la prestación a autónomos se extienden hasta el 31 de mayo, último mes en el que estará vigente el actual estado de alarma. Además, simplifica los trámites administrativos para pasar de un ERTE a otro y ha sido fruto del consenso.
Los trabajadores afectados por un ERTE mantendrán una prestación equivalente al 70% de la base reguladora. Asimismo, la cláusula de mantenimiento del empleo se renueva durante seis meses.
Escrivá ha explicado que, con el fin de proteger al tejido productivo se mantienen los tres esquemas de ERTE aprobados el pasado mes de septiembre. Los sectoriales y de cadena de valor, que suponen hasta un 85% de exoneración en las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Los ERTE de impedimento de la actividad por restricciones administrativas, que implican hasta el 100% de exoneración, y los ERTE de limitación de actividad, con exoneraciones decrecientes desde el 100%.
El ministro ha resumido la evolución de los ERTES desde el principio de la pandemia, destacando que en su momento más agudo había 3.600.000 trabajadores protegidos y, con posterioridad, la cifra se ha mantenido estable en torno a 700.000. Asimismo, ha indicado que el impacto en el empleo está siendo mucho menor que en la crisis financiera del año 2008 y la recuperación más rápida que en otros países europeos.
El Real Decreto refuerza las ayudas a los trabajadores autónomos hasta el 31 de mayo. La prestación de aquellos que han suspendido su actividad como consecuencia de una decisión de las autoridades administrativas será compatible con ingresos por cuenta ajena de hasta de 1,25 veces el Salario Mínimo Interprofesional. Escrivá ha precisado que la protección partiría de 760 euros.
La prestación compatible con la actividad que no se ha recuperado o empeora y sufre caída de ingresos se prorroga. El ministro ha señalado que la ayuda extraordinaria mínima para los que tienen salarios muy bajos será 760 euros. También ha anunciado que la prestación para los trabajadores de temporada será, como mínimo, de 660 euros.
José Luis Escrivá también ha subrayado que los autónomos han superado el nivel de afiliación previo a la pandemia: "Hay 13.000 autónomos más".
El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del 0,9% de las pensiones contributivas y del 1,8% de las no contributivas.
El ministro ha destacado que la medida supone un coste fiscal en torno a los 1.500 millones de euros y garantiza el poder adquisitivo a casi 11 millones de pensionistas.
Escrivá ha indicado que es la última vez que se revalorizarán las pensiones sin que exista una regla estable para hacerlo. El Gobierno, ha dicho, está ultimando un acuerdo con los agentes sociales para establecer un mecanismo permanente de revalorización. Esta decisión supondrá un cambio en la Ley General de la Seguridad Social y tendrá que ser aprobada por el Parlamento.
Por otra parte, se mantiene la legislación en materia de pensiones previa a la reforma de 2011 para las personas que salieron del mercado laboral en la crisis financiera de ese año y que no se han reincorporado y los trabajadores procedentes de ERES o de acuerdos anteriores a 1 de abril de 2013.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que el compromiso del Ejecutivo con los pensionistas es inequívoco y está trabajando, de forma incansable, en la sostenibilidad en el medio plazo del sistema. Además, ha apuntado que las prestaciones del año 2021 responden a la prioridad política que el Gobierno tiene en relación con el colectivo de personas mayores.
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