Actualizado el 06/10/2020 19:25 Compartir
Consumo y AESAN pretenden garantizar así el cumplimiento de los estándares de bienestar animal y seguridad alimentaria. Ambas instituciones trabajan en la salud animal como parte imprescindible de la salud humana y global, y en su relación con la cría y el sacrificio de animales destinados al consumo.
Por tanto, el objetivo de Consumo es garantizar el bienestar animal, la seguridad alimentaria y la higiene, tanto de los animales como de las instalaciones en las que se encuentran. El ministerio destaca que la mejora de la protección de los animales en el momento del sacrificio contribuye a mejorar la calidad de la carne y tiene un efecto positivo indirecto en la seguridad laboral en los mataderos.
El ministerio considera, además, que las personas consumidoras demandan más información sobre los productos alimenticios y esto incluye las condiciones de los animales. De la misma forma, el departamento que dirige el ministro Alberto Garzón constata una creciente sensibilidad hacia la protección de los derechos de los animales en nuestro país. Por ello, pretende garantizar el derecho de las personas consumidoras a ejercer un consumo responsable, poniendo en marcha normativa que facilite la transparencia en los procesos de producción de productos de consumo.
Así, el futuro Real Decreto regulará todos los servicios de videovigilancia en mataderos e incluirá normativa sobre los lugares en los que deben instalarse las cámaras, garantizando la privacidad de trabajadores y trabajadoras. De igual forma, el texto normativo contemplará los procesos y tiempos en los que deberán ser guardadas las imágenes y sonidos y cuál será el procedimiento de puesta en conocimiento de la autoridad las posibles infracciones detectadas. Por último, se regularán las especificidades que puedan tener para la aplicación de la norma pequeños mataderos y mataderos móviles.
Otros países europeos como Francia, Alemania y Escocia ya cuentan con protocolos similares de vigilancia en mataderos, puesto que la Unión Europea lo permite en su normativa. En España, la normativa comunitaria y estatal regulan de forma estricta los marcos de seguridad alimentaria, bienestar animal y la interrelación entre ambas a través de las autoridades competentes y el Servicio Veterinario Oficial, que son quienes ejercen la vigilancia en las instalaciones de mataderos. Pero, a pesar de la estricta normativa y la vigilancia continua, Consumo constata que se siguen detectando malas prácticas e incumplimientos en relación con el bienestar animal.
Organizaciones en defensa de los derechos de los animales como EQUALIA o Fundación Franz Weber, sindicatos como CCOO o la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) apoyan medidas como las comprometida por el Ministerio de Consumo. A ellos se suman empresas de la industria cárnica como El Pozo o Grupo Amaro, cadenas alimentarias como Carrefour y organizaciones en defensa de los derechos de las personas consumidoras como FACUA.
En España, en 2019, el sacrificio anual de ganado porcino se situó en un censo de casi 53 millones de animales. En el sector avícola, la cifra supera los 828 millones de aves sacrificadas; en el sector bovino, se situó en 2,5 millones de animales; y en el cunícola la cifra ascendió por encima de los 41,4 millones. Los sectores ovino, caprino y equino se situaron en 544.000, 94.800 y 38.000 animales sacrificados, respectivamente.
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