El 94% de las embarcaciones pesqueras analizadas por Oceana en el Mediterráneo español operan con motores presuntamente trucados

Oceana destapa en un nuevo informe que el 94% de las embarcaciones analizadas1 en el Mediterráneo español cuentan con motores presuntamente fraudulentos, es decir, que operan con una potencia muy superior a la certificada oficialmente. De hecho, el 20% de los buques estudiados superan los límites de potencia máxima establecidos por la legislación. El informe identifica casos extremos en los que embarcaciones certificadas con 400 caballos operan en realidad con motores de hasta 1.600 caballos, muy por encima del máximo legal permitido.

Esta situación compromete la sostenibilidad de los ecosistemas marinos, genera desigualdades entre pescadores y fomenta la competencia desleal a favor de quienes operan con motores más potentes de lo permitido por la normativa.

“El trucaje de motores fomenta la desigualdad y la competencia desleal entre los pescadores, y a la vez dispara la presión sobre unos recursos marinos ya sobreexplotados. Es urgente que las autoridades dejen de mirar hacia otro lado y pongan fin a esta situación” explica el asesor político de Oceana, Ignacio Fresco Vanzini.

La potencia del motor es un indicador clave de la capacidad pesquera2, sobre todo en las embarcaciones de arrastre, ya que determina directamente su fuerza de empuje, influye en las velocidades máximas de navegación y permite el uso de aparejos más grandes y pesados. La manipulación sistemática de este parámetro compromete particularmente la recuperación de las pesquerías en el Mediterráneo, que son gestionadas con base al esfuerzo pesquero.

El estudio de Oceana se centra en el fraude detectado en la flota de arrastre y cerco en el Mediterráneo español, dos modalidades pesqueras que requieren una gran potencia motriz para desplegar y recoger sus artes de pesca. En este sentido, se han detectado múltiples irregularidades, como la manipulación de fichas técnicas de los motores, la alteración de los limitadores de potencia y el incumplimiento de los límites legales de potencia máxima permitidos.

Los hallazgos revelan un problema sistemático y persistente que no se limita a los armadores, sino que involucra también a la administración pesquera, las empresas productoras e instaladoras de motores, y las entidades certificadoras.

Oceana propone un plan integral de acción

Oceana reclama al Gobierno la puesta en marcha de un plan nacional de regularización con objetivos claros, plazos definidos y financiación adecuada, que permita:

Todo ello con el objetivo de garantizar que todas las embarcaciones se rijan por las mismas normas y de salvaguardar los ecosistemas marinos del Mediterráneo español.

La organización recuerda que los límites a la capacidad pesquera establecidos por la Política Pesquera Comunitaria de la Unión Europea son una herramienta esencial y no deben relajarse, ya que representan uno de los últimos diques de contención frente a la sobrepesca en el Mediterráneo.