Oceana pide medidas urgentes y menos compromisos políticos para la protección de la pesca y los océanos

Oceana considera que el paquete de comunicaciones en materia de protección de la pesca y los océanos que la Comisión Europea ha publicado hoy no es más que un intento de dar un ligero tinte ecológico a la política de siempre. La creciente crisis climática y de biodiversidad, el mayor reto al que se enfrenta nuestra generación, requiere, por un lado, que se introduzcan medidas urgentes destinadas a que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones y, por el otro, que la Comisión vele rigurosamente por el cumplimiento de la legislación.

«Este paquete brinda a la Comisión una oportunidad de legado en materia de conservación de los océanos. En él se indican con claridad qué medidas funcionan y cuáles no, así como la magnitud de los problemas a los que se enfrentan nuestros océanos y pesquerías. No obstante, tiene poco que ofrecer en términos de acciones concretas. Parece que la respuesta de la Comisión a la falta de voluntad de los Estados miembros de aplicar la legislación de la UE y cumplir los compromisos políticos es simplemente darles más tiempo para vacilar», afirmó Vera Coelho, directora de políticas y comunicación en Oceana de Europa.

El paquete incluye un plan de acción para proteger y recuperar ecosistemas marinos con el fin de lograr una pesca sostenible y resiliente (Plan de Acción Marino), una comunicación sobre la transición energética de las pesquerías y el sector de la acuicultura, así como una comunicación sobre el funcionamiento de la Política Pesquera Común (PPC). El contenido de estos tres documentos refleja las aspiraciones que la Comisión Europea tiene para el resto de su mandato.

En el Plan de Acción Marino, Oceana celebra que la Comisión mencione por primera vez la voluntad de abandonar la pesca de arrastre de fondo, una de las prácticas pesqueras más destructivas. Sin embargo, existe una marcada discrepancia entre este convencido discurso y las débiles propuestas para abordar el problema. Prohibir la pesca de arrastre de fondo en todas las áreas marinas protegidas (AMP) de la UE debería haber sido un requisito mínimo inmediato, ya que «protegido» debería significar, al menos, exento de pesca destructiva. A pesar de que el paquete insta a los Estados miembros a actuar en determinadas áreas protegidas antes de 2024, el calendario de la Comisión para la eliminación total de esta práctica en áreas marinas protegidas se ha retrasado hasta 2030, lo que significa que la Comisión está respaldando esta técnica en algunas de estas áreas hasta entonces. A todo ello hay que añadir que, más allá de las áreas protegidas, el paquete no ofrece ninguna estrategia para abandonar esta práctica pesquera obsoleta y derrochadora que, como es sabido, es incompatible con los compromisos de la UE en materia de clima y biodiversidad.

El Plan de Acción Marino reconoce la necesidad de continuar las investigaciones en torno a los almacenes de carbono de los fondos marinos, pero no propone ninguna solución preventiva en materia de gestión para limitar el impacto de la pesca en estos importantes hábitats que son clave para mitigar el cambio climático. Sin embargo, en su comunicación sobre la transición energética, la Comisión si reconoce la necesidad de que el sector pesquero contribuya a alcanzar los objetivos climáticos de la UE. Disminuir el consumo de combustibles fósiles en la flota pesquera de la UE no solo reducirá el impacto medioambiental y climático global de las actividades pesqueras, sino también permitirá hacer frente a la vulnerabilidad económica de la flota de la UE y su elevada dependencia de los combustibles fósiles. Esta comunicación constituye un primer marco con visión de futuro y un llamamiento a la acción, cuyo fin es promover la transición energética de los sectores de la pesca y la acuicultura en la UE. No obstante, todavía se debe dilucidar con los Estados miembros y las partes interesadas las medidas reales que se han de aplicar.

Por lo que respecta al funcionamiento de la PPC, el problema más acuciante sigue siendo su deficiente aplicación por parte de los Estados miembros. Estos últimos han incumplido sus obligaciones de poner fin en 2019, al despilfarro que suponen los descartes, de recuperar y mantener todas las especies por encima de niveles sostenibles antes de 2020, y minimizar o eliminar el impacto de la pesca en los hábitats marinos y la biodiversidad. De hecho, las recientes auditorías de la Comisión muestran que los Estados miembros no han adoptado las medidas necesarias para garantizar un control y aplicación efectivos de la prohibición de los descartes, y la sobrepesca sigue afectando aproximadamente al 30 % y el 75 % de las poblaciones de peces del Atlántico y el Mediterráneo, respectivamente. A todo ello hay que añadir que, todos los años en invierno, miles de delfines siguen siendo capturados innecesariamente en el Golfo de Vizcaya, y que, en la mayor parte de las AMP concebidas para proteger los fondos marinos [1], se sigue practicando la pesca de arrastre de fondo. En su comunicación, la Comisión reconoce que, a pesar de no haber cumplido su misión, la PPC sigue siendo una herramienta adecuada para alcanzar los objetivos para los que fue creada. Sin embargo, no incluye ninguna propuesta que garantice un cambio en la situación actual.

«Los Estados miembros cuentan, desde hace años, con todas las herramientas necesarias para cumplir sus obligaciones. Es hora de que la Comisión pase a la acción y abra nuevos procedimientos de infracción contra aquellos Estados miembros que no apliquen la PPC y no protejan la naturaleza marina. Asimismo, los océanos deberán ocupar un lugar más preeminente en el programa político y legislativo de la UE», añadió Vera Coelho.