La Consejería de Movilidad y Vivienda pagará 20 millones de euros en ayudas para el alquiler en este ejercicio

El consejero de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, acompañado del director general de Vivienda, Eduardo Robsy, ha presidido hoy la reunión de Mesa de la Vivienda, integrada por todos los agentes sociales y económicos vinculados al ámbito de la vivienda, para explicar el conjunto de ayudas y acciones que está llevando a cabo el Gobierno de las Illes Balears, en coordinación con el Gobierno del Estado, para afrontar las mayores dificultades que ha supuesto la crisis de la COVID-19 en vivienda.

La agilización del pago de las ayudas ordinarias de alquiler de 2019—que ya se están empezando a hacer efectivas— así como el adelanto de la convocatoria de la de 2020 a este mismo mes de mayo, los créditos ICO aprobados por el Estado para pagar los alquileres, las moratorias de hipotecas o una convocatoria específica para afectados por los efectos de la COVID-19 que se tramitará el mes de junio, son líneas de ayudas directas en materia de vivienda, que se suman a las aprobadas también desde el área social.

El Gobierno de las Illes Balears, con la agilización del pago de ayudas para el alquiler de 2019 y la aceleración de la convocatoria de 2020, movilizará para este ejercicio 20 millones de euros en ayudas directas a las familias para pagar el alquiler, 9 millones ya dentro de este mes de mayo.

Ha recordado también el consejero que se han tomado medidas específicas para los inquilinos del IBAVI (Instituto Balear de la Vivienda) afectados por la crisis de la COVID-19, como la exención del pago de las mensualidades de abril, mayo y junio. Por ahora, se han presentado 174 solicitudes.

También ha destacado Marc Pons que la Consejería de Movilidad y Vivienda ha puesto a disposición de la ciudadanía una línea de información telefónica gratuita (900 107 920) en la que se asesora sobre todas las ayudas a que se puede acoger y se informa del estado de tramitación de las que abona directamente el Govern. Hasta el día 5 de mayo, se han atendido hasta 15.553 llamadas por parte de once trabajadores públicos de 9 h a 19 h. También se puede encontrar información en la página web coronavirus.caib.es.

Además, el consejero ha asegurado a los integrantes de la Mesa de la Vivienda que la construcción de viviendas de protección pública continuará siendo una prioridad y que se desarrollará la ejecución de las VPO planificadas. De hecho, se ha retomado ya la construcción de 218 viviendas en marcha y se están realizando los trámites para licitar nuevas obras y negociaciones con los ayuntamientos para formalizar la cesión de solares. La construcción de vivienda, según ha manifestado el consejero, será un elemento de dinamización económica.

Principales medidas adoptadas

Entre las principales medidas adoptadas destaca la agilización del pago de las ayudas de 2019 y de la convocatoria extraordinaria de 2020.

Entre abril y mayo cerca de 5.000 familias habrán recibido un total de 9 millones de euros para el pago de las ayudas de alquiler de la convocatoria de 2019 y de la extraordinaria de 2018, que se convocó para aquellas personas que habían quedado excluidas de la convocatoria de 2018 por no tener unos ingresos mínimos. Han cobrado esta ayuda extraordinaria 244 familias (477.747 euros), con una media por familia de 1.960 euros. También se han abonado algunas solicitudes de la convocatoria ordinaria de 2018 con problemas de tramitación (245 familias y un total de 318.759 euros).

Todas las ayudas de 2018 están liquidadas y desde este lunes se están pagando las ayudas de 2019.

En cuanto a las referidas ayudas de 2019, esta semana se habrán abonado 1,5 millones a un total de 600 familias. Entre abril y mayo, se han pagado ya 2,8 millones y al concluir el proceso serán 9 millones de euros los que se habrán hecho llegar a las familias.

Para poder formalizar estos pagos la Dirección General de Vivienda ha movilizado hasta a 36 trabajadores.

La nueva convocatoria de ayudas para el alquiler de 2020, en la que ya se está trabajando, se publicará este mismo mes de mayo (entre el 18 y el 22 de mayo) y está dotada con 8,8 millones de euros (8.836.000 euros), cerca de 600.000 euros más que la pasada convocatoria.

Respecto de los inquilinos del IBAVI, se acordó la exención del pago de las mensualidades de abril, mayo y junio para aquellas personas con dificultades para asumir su pago. La exención incluye el precio del alquiler junto con los gastos comunitarios, tasas de basuras, seguros, gastos por suministros de electricidad, gas, gasóleo por calefacción, agua corriente y servicios de telecomunicaciones fija y móvil. Se han presentado por ahora 174 solicitudes.

Igualmente, el Gobierno de las Illes Balears convocará el próximo mes de junio la ayuda específica para aquellas personas que se han visto afectadas por la COVID-19, acordada por el Estado.

Del mismo modo, el Gobierno de las Illes Balears asesora a los ciudadanos a través de la información telefónica y vía web de las distintas medidas y ayudas aprobadas por el Gobierno del Estado a las que pueden acceder:

— Derecho a prórroga extraordinaria de hasta seis meses de alquiler si el contrato finalizaba entre el 2 de abril y en los dos meses siguientes a la finalización del estado de alarma.

— Suspensión de desahucios y lanzamientos por impago del alquiler de hasta seis meses, entre el 2 de abril y como máximo hasta el 2 de octubre para las familias sin alternativa habitacional.

En cuanto a las líneas de ayuda específicas, se han establecido las siguientes:

Alquiler:

— Línea de microcréditos ICO avalados por el Estado, sin gastos ni intereses para pagar el alquiler, que se tiene que devolver en seis años (ampliable a diez años).

— La específica de COVID-19 mencionada (que tramitará el Gobierno de las Islas Baleares en el mes de junio).

— Además, se podrá solicitar un aplazamiento o reducción de la renta de alquiler (en el supuesto de que el propietario sea un gran tenedor está obligado a aceptarlo).

Moratoria de hipotecas:

Se tiene derecho a una moratoria sin intereses de las cuotas hipotecarias sobre una vivienda o un local comercial por un plazo de hasta tres mensualidades.

Se han establecido unos criterios generales para poder acreditar una situación de vulnerabilidad provocada por la crisis de la COVID-19 y poder optar a estas ayudas específicas:

a) Tiene que ser la vivienda habitual del inquilino y ningún miembro de la unidad familiar puede tener otra vivienda en propiedad o ser usufructuario.

b) La persona solicitante tiene que estar en situación de paro, ERTE (incluye los fijos-discontinuos), reducción de jornada o si es autónomo tiene que haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos.

c) El gasto de alquiler, los gastos derivados y los suministros básicos tienen que suponer un 35% o más de los ingresos netos que percibe el conjunto de los miembros de la unidad familiar.