Actualizado el 22/04/2020 19:42 Compartir
El conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, ha avanzado que solicitará -una vez se supere el estado de alarma- una reunión urgente con la CNMC para conocer a fondo el estudio y reclamar la investigación de esta distorsión de precios, así como una reunión con las compañías aéreas y también una con el Gobierno del Estado. El posicionamiento de las Islas Baleares es común al de las Canarias -hoy mismo el consejero Pons ya ha mantenido un primer contacto con el consejero canario- y se extenderá al resto de territorios extrapeninsulars, con un objetivo común: que se investigue qué hay detrás la subida de los precios en los vuelos con la península y también que no se dé ningún pasa atrás en la bonificación del 75%.
El Gobierno de lasIlles Balears considera imprescindible que, una vez se vuelva a la situación de normalidad después del Estado de alarma, se tomen medidas c para garantizar el objetivo del descuento del 75% (facilitar la movilidad de los isleños) que eviten el incremento de precios por parte de las compañías. La primera de ellas sería la de hacer efectiva y vigilar que la condición de residente se incluya al final de la compra de un billete y no al principio -así como viene reclamando el Govern de les Illes Balears- y también un control sobre los sistemas de algoritmos en las ventas que usan las compañías aéreas, al mismo tiempo que se opone frontalmente a cualquier medida limitativa de los derechos que otorga la actual bonificación a los residentes.
En este sentido, el Gobierno rechaza algunas de las recomendaciones que hace la CNMC en su informe como pueden ser límites a la bonificación (por ejemplo que no operara en los vuelos más caros -o sólo hasta un precio determinado-) porque perjudicaría mucho cuando se contrata un vuelo a última hora; sistemas de liquidación ex post (pagar primero todo el billete y más adelante recibir los dobleros de la bonificación) o exenciones fiscales desatadas de los desplazamientos, entre otros.
Igualmente, los datos demuestran como el establecimiento de una OSP y precios máximos (vigente en los vuelos interilles) son el camino correcto para evitar subidas de precios que incrementen injustamente los costes para el Estado y los precios para los residentes de los billetes en sus desplazamientos.
En julio de 2017, se incrementó al 75% para los trayectos interinsulars y el julio de 2018 se incrementó al 75% para los trayectos con el resto del territorio nacional. Después de este último incremento, la CNMC recibió la solicitud de Govern de les Illes Balears por la cual se instaba a estudiar el comportamiento de los precios, de la competencia en los mercados de transporte aéreo insular de pasajeros.
Los resultados de este estudio son los siguientes:
En los vuelos entre las Islas y la península:
En los vuelos entre las Islas:
Así, en el caso de los vuelos interislas se puede concluir que después del incremento del porcentaje de bonificación al 75% ha mejorado la conectividad.
El coste económico para el Estado se ha duplicado en todos los grupos de rutas en el plazo de un año desde el aumento del porcentaje al 75%. En 2019 el coste continuó a la alza y se estima que superó los 208 millones de euros en las rutas entre Balears y la Península (el 2017 el coste fue de 88 millones). En el caso de las rutas interinsulars, donde la subida de la subvención tuvo lugar el julio de 2017, el coste también se duplicó después del choque y siguió a la alza en adelante. Se estima que en Baleares (donde partía de 16 millones de euros en 2016) superó los 33 millones de euros en 2019. Las cifras anteriores pueden ponerse en relación con el coste público por cada viaje bonificado. En el caso de las rutas Balears-Península, el coste por cada viaje bonificado ha pasado de algo menos de 30 € antes de la subida de la bonificación alrededor de 55 € en el segundo semestre del 2019. En el caso de las rutas entre las Islas, el coste por cada viaje bonificado ha pasado de 30 a 50 €.
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