38 actas a locales de ocio y 235 actas a jóvenes por botellón este fin de semana

En el marco de las actuaciones de inspección coordinadas conjuntamente desde la Dirección General de Emergencias e Interior para intervenir en situaciones que puedan poner en riesgo la salud ciudadana ante la COVID-19, los equipos formados por inspectores de la Comunidad y de los consells insulars y por agentes de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales) han llevado a cabo inspecciones este fin de semana a 62 locales y zonas de ocio nocturno.

De estas intervenciones, 24 se han producido en Mallorca (a Palma, Playa de Palma, Sóller, Puerto de Sóller y Pollença); 11 en Menorca, (es Migjorn Gran y Ferreries); y 27 en Ibiza (Sant Antoni de Portmany, Santa Eulàlia des Riu, San Juan de Labritja e Ibiza).

Como resultado de estas inspecciones, los equipos multidisciplinarios han extendido 38 actas por incumplimientos relacionados con excesos de capacidad, con distancias sociales, incumplimiento de horarios y uso de mascarillas entre el personal de establecimientos de restauración, y por prescindir de información al público y señalización adecuada.

Concretamente, se han extendido 16 actas en Mallorca, 11 en Menorca y 11 en Ibiza.

Son los datos del cuarto fin de semana de actuaciones de estos equipos coordinados. Desde el inicio de la campaña de inspecciones se han producido un total de 242 intervenciones en las islas y se han levantado 146 actas de infracción, que ahora pasarán a ser instruidas por las diferentes administraciones implicadas en las actuaciones.

235 actas por botellón
Por otro lado, los cuerpos y fuerzas de seguridad han intervenido este fin de semana en varias aglomeraciones de jóvenes haciendo botellón en la calle, concretamente en Na Burguesa, Polígono Son Rossinyol, Parque de Sa Riera y Parque Wifi de Palma, identificando hasta 262 personas y levantando 235 actas.

Esta iniciativa para garantizar el mantenimiento de la seguridad sanitaria en las Islas Baleares es posible gracias a la coordinación de las diferentes administraciones competentes: la Delegación del Gobierno del Estado, el Govern, los consells insulares y los ayuntamientos.

El Decreto Ley de régimen sancionador para los incumplimientos de las normas relativas a la COVID-19, en vigor desde el viernes 10 de julio, enmarcará los expedientes iniciados en estas actuaciones. Las sanciones pueden llegar a los 600.000 € cuando se produzcan infracciones muy graves.