El juez imputa a tres funcionarios del Ayuntamiento de Palma por amañar la adjudicación de plazas en la Policía Local

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha imputado a tres funcionarios del Ayuntamiento de Palma que este martes han acudido a declarar en calidad de testigos, pero para quienes finalmente el juez ha modificado su condición procesal al considerar que participaron en el amaño de las adjudicaciones de puestos vacantes dentro de la Policía Local durante la pasada legislatura.

En concreto, las imputaciones se han producido a petición del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, quien atribuye a todos ellos delitos de malversación y prevaricación. Sus nombres, Celia Martínez, Bárbara Bosch y Juan García, figuran en diversos correos electrónicos aportados a la causa y que revelarían la manipulación en la asignación de plazas.

De hecho, en uno de los emails, a los que tuvo acceso Europa Press, una de las trabajadoras ahora imputadas llega a exclamar ante estas actuaciones: "¡Estamos muertos! ¡De aquí a los juzgados!".

En ese mismo correo, Celia Martínez alude al "compromiso que hizo Juan García [entonces responsable del área de Recursos Humanos] con los directores de las áreas de Seguridad Ciudadana y Función Pública como con el Intendente", quien a su vez "se comprometió con Marqués para que eligiera una plaza" y que "ocuparía la vacante de D.G. en la Unidad de Intervención Inmediata (UII), inmediatamente".

En concreto, estas pesquisas se enmarcan en la causa que investiga la presunta manipulación en las oposiciones a oficial llevadas a cabo en 2012 en el cuerpo policial y que llevó a la Guardia Civil, a instancias de Anticorrupción y por orden del juez José Castro, que se encontraba de guardia, a registrar en septiembre de 2013 las dependencias de la Policía Local.

A raíz de este supuesto amaño de exámenes está imputado el exintendente jefe de la Policía Local de Palma Antoni Vera, quien negó en su día haber sido él quien filtró las preguntas de las pruebas, y negó haber promocionado nunca dentro de la Policía a ningún agente adscrito a alguna ideología u organización en concreto.

Se trata de unos hechos por los que, además, han sido encausados el concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro, así como el comisario jefe de la Policía Local, Juan Mut, por supuestos delitos de coacciones y prevaricación en su intento de obstruir las investigaciones.

Las indagaciones derivaron posteriormente en otra línea de investigación que se encuentra bajo secreto en torno a una supuesta trama de corrupción urdida dentro de la Policía Local en forma de extorsiones a empresarios y realización de favores, principalmente en la zona de la Playa de Palma.

En relación a estos hechos fueron detenidos el pasado mes de enero ocho agentes de la Policía Local, mientras que ya antes habían sido arrestados el inspector jefe de la Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, y otros dos mandos del cuerpo. La jueza decretó para los tres su ingreso en prisión sin fianza, si bien varias semanas después fueron puestos en libertad provisional.