La Fiscalía reduce a dos años y medio su petición de cárcel para el exjurídico del Ibatur que desvió 95.000 euros

La Fiscalía Anticorrupción ha reducido a dos años y medio su petición de cárcel para el exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Àngel Bonet, quien reconoció haber desviado hasta 95.536 euros de esta empresa pública a las cuentas de varios familiares durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007). Inicialmente, el Ministerio Público solicitaba para el exalto cargo cinco años y tres meses de prisión.

Al término del juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares y que este miércoles ha quedado visto para sentencia, la acusación pública ha solicitado que a Bonet le sean aplicadas las atenuantes de confesión y reparación del daño -ha devuelto la cantidad de la que se apoderó-, mientras que la Abogacía de la Comunidad Autónoma, personada como acusación particular, ha rebajado su petición de pena a dos años de cárcel y reclama que, en el caso de la atenuante de reparación, le sea aplicada de forma muy cualificada.

En concreto, el Ministerio Público acusa a Bonet, detenido hasta en dos ocasiones en el marco de esta causa, de un delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documentos mercantiles y falsedad por funcionario.

Sin embargo, la defensa del acusado ha pedido que su patrocinado sea condenado a cuatro meses y quince días de cárcel a sustituir por multa, pero no por un delito de malversación como el que mantiene la Fiscalía, sino por uno de falsedad, al justificar que Bonet en ningún momento tuvo disposición de los fondos públicos.

En cualquier caso, durante su declaración ante el tribunal, Bonet reconoció este martes que con el desvío de los fondos cometió un "error terrorífico" del que se arrepiente "profundamente" y justificó que los hechos sucedieron en una época en la que "no era yo mismo". El acusado manifestó, visiblemente afectado, que desde que fue detenido por primera vez justo, el 12 de febrero de 2009, "lo único que he tratado ha sido reparar el daño en la medida de lo posible, y pedir perdón por quienes han tenido que sufrir por lo que hice", admitió entre lágrimas.

En concreto, Bonet es el primer imputado del caso Ibatur (centrado en el presunto desvío masivo de fondos a través de esta empresa pública durante dos legislaturas -de 2003 a 2011-) que se ha sentado en el banquillo, y junto a él han sido juzgados cuatro familiares que resultaron beneficiados de esta trama, quienes se enfrentan por su parte a peticiones de entre nueve meses y un año y tres meses de prisión.

Los inexistentes servicios eran facturados al Ibatur para luego, una vez obtenido el pago, ser incorporado al patrimonio de estos acusados. Así, Bonet tramitó el pago de 20.543 euros a Alberto Garí; 32.306 euros en favor de Cristina Middelmann; 20.668 euros a Margarita Fiol -en una cuenta en la que también figuraba María Teresa F.N., de 97 años de edad y que no tuvo participación en los hechos-, y 22.018 euros a una cuenta de Silvina Guijarro, quien los puso a disposición de Bonet, y a quien le han sido retiradas las acusaciones.

ALÍA: "FIRMABA PORQUE TENÍA UN ASESOR JURÍDICO DE PLENA CONFIANZA"

Por su parte, el exgerente del Ibatur Juan Carlos Alía, quien este miércoles ha declarado como testigo, ha recordado que confiaba en Bonet y que le recomendó para el puesto. Así, al ser preguntado por el fiscal sobre por qué no comprobó la documentación que sobre estos hechos le llegó para firmar, ha subrayado que "tenía un departamento de asesoría jurídica de mi plena confianza, y si me decían que era correcto, firmaba".

Cabe recordar que el exasesor jurídico, al ser detenido por primera vez, no sólo reconoció haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007, motivo por el cual fue arrestado, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros familiares, malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que se le impuso como fianza -posteriormente ampliada a 250.000 tras ser detenido por segunda vez-.

DETENIDO EN DOS FASES POLICIALES DEL CASO IBATUR

En concreto, la detención del encausado por estos hechos se produjo en la primera fase policial del caso Ibatur, a la que siguieron cuatro operaciones más con más de una veintena de arrestados entre exaltos cargos de PP y UM y empresarios presuntamente implicados en una trama que habría servido para desviar millones de euros desde la empresa dependiente de la Conselleria de Turismo.

Bonet volvió a ser detenido en junio de 2010 junto al propio Alía -el único de los imputados que ingresó en prisión- y al también exgerente del Ibatur Raimundo Alabern en el marco de una causa que permaneció bajo secreto durante más de año y medio. Alía abandonó en 2004 su cargo en el Ibatur a raíz de los gastos cargados a esta empresa en el club de alterne Rasputín durante un viaje promocional del Govern balear a Moscú, y fue sustituido por Alabern.

BONET, IMPUTADO EN EL CASO NÓOS

Bonet, al igual que Alía, se encuentra además imputado en otros casos de presunta corrupción, entre los que se encuentra el caso Nóos a raíz de su intervención en la adjudicación presuntamente irregular de los eventos Illes Balears Forum, cuya organización corrió a cargo del Instituto Nóos, presidido entonces por Iñaki Urdangarin por un total de 2,3 millones de euros públicos, parte de cuyo destino se desconoce.

Por su parte, las investigaciones del caso Ibatur se extienden asimismo a dos empresas de Madrid, Over Marketing -presuntamente relacionada con el caso Gürtel- y Match Golf, dedicada a la organización de espectáculos deportivos y adjudicataria del torneo de golf Mallorca Classic. Una de las líneas de investigación apunta al desvío de unos 17 millones de euros con motivo del patrocinio de este evento por parte del Govern a raíz de las numerosas facturas halladas sin justificar en torno al torneo que se celebra anualmente en s'Era de Pula (Son Servera).

Las pesquisas apuntan además a que entre 2005 y 2007 el Ibatur efectuó un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas. Las investigaciones se ampliaron posteriormente a la pasada legislatura, cuando UM estaba al frente de la Conselleria de Turismo.