El denunciante del caso Son Oms acepta seis meses de cárcel

El denunciante del caso que investiga la presunta trama de corrupción urdida a través de la recalificación del polígono palmesano de Son Oms, Ángel Ochando, ha aceptado una pena de seis meses de prisión en el marco de otra causa por la que este miércoles se ha sentado en el banquillo junto a otros dos empresarios acusados de aparentar insolvencia a través de la utilización de paraísos fiscales.

Los tres inculpados, Ochando, José Comas y Mateo Canal, han alcanzado un acuerdo de conformidad con las acusaciones, por el que se enfrentan a seis meses de prisión -frente a los tres años que reclamaba la Fiscalía- por un delito de insolvencia punible y una multa de 900 euros -frente a los 18.000 solicitados inicialmente-. Además, Ochando y Comas deberán abonar 100.000 euros de forma conjunta en concepto de responsabilidad civil.

Además, sobre los tres procesados han sido aplicadas las atenuantes de reparación parcial del daño y dilaciones indebidas. Los acusados solicitaron en junio de 2005 concurso voluntario para su grupo formado por Leisure Finantial y Finantial Planning, petición junto a la que, de común acuerdo, incluyeron en el listado de acreedores unos créditos presuntamente inventados e irreales, que ascendían a un total de 5,5 millones de euros, con la intención de aparentar una deuda muy superior a la real.

De esta forma, Finantial Planning incluyó un crédito a favor de Mediterranean Touristic Promotion por importe de 270.455 euros y otro a favor de Exclusivas Sa Rambla por 180.303 euros, mientras que Leisure Finantial incluyó otro en beneficio de Mediterranean por 5,1 millones. Unos créditos que fueron declarados inexistentes por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma.

La situación de insolvencia, que dio lugar al concurso, fue creada por los acusados en su propio beneficio mediante el sistema de poseer empresas ubicadas en paraísos fiscales, tales como Rosevine Financial Services Limited, domiciliada en Jersey -Islas del Canal-, en la que figuraba como único administrador José Comas.

Estas empresas eran las que supuestamente contrataban de manera formal con los touroperadores y recibían los pagos e ingresos en metálico fuera de España. Posteriormente, prosigue la Fiscalía, las transferencias a las empresas españolas Leisure y Financial se reflejaban mercantil y contablemente como préstamos de las de los paraísos fiscales.

De este modo, lograban la apariencia de que las mercantiles de los inculpados adeudaban cantidades "astronómicas", según apuntaba la Fiscalía en su escrito de acusación, a las de los paraísos fiscales y consecuentemente una apariencia de insolvencia, quedándose exclusivamente para si los beneficios obtenidos.