El Gobierno presenta a las entidades sociales la hoja de ruta normativa de la Ley del Juego

Durante Mesa Social del Juego celebrada hoy, el Gobierno ha informado que entre las principales medidas que se introducirán en el texto legislativo se aprobará una distancia mínima de 500 metros lineales entre los establecimientos de juegos y apuestas y los centros educativos de enseñanza obligatoria, formación profesional, universitaria, centros de rehabilitación y hospitales, y cualquier otro centro de uso frecuente de menores, como ludotecas o parques infantiles.

Entre otras novedades, destaca la restricción de la publicidad de juego en el espacio público, incluidas fachadas, así como la restricción del número de nuevas licencias y el control de edad en máquinas instaladas en hostelería. También se prevé la inclusión de un nuevo cuadro sancionador y el refuerzo en el control de homologación de máquinas de elementos sexistas, racistas u ofensivos.

El secretario autonómico de Sectores Productivos, Jesús Jurado, ha explicado que este Gobierno «tiene un claro objetivo, que es proteger a la gente. No queremos que la ciudadanía se sienta desprotegida ante este tipo de publicidades o establecimientos. El juego no es un juego y quiero incidir en se pone en peligro, además de nuestra juventud y nuestras familias, la imagen de las Illes Balears a ojos del resto del mundo».

«Con esta hoja de ruta presentada hoy damos respuesta a las demandas de las entidades sociales. Sabemos de sus inquietudes y han sido escuchadas; por eso, están incluidas dentro de la línea normativa de este Gobierno y esta Consejería», ha añadido Jurado, al mismo tiempo que ha incidido en el hecho de que «luchar contra las ludopatías no sólo consiste en poner vendas y tiritas sobre las heridas, sino también en prevenir estas heridas».

Por eso, ha dicho que «para el Gobierno palabras como “seguridad” son también sinónimo de libertad para la ciudadanía en general, así como para nuestra juventud en particular. No hay seguridad ni libertad cuando inundamos de salas de apuestas nuestras ciudades, las esquinas donde hay colegios, centros de salud, parques infantiles o mercados de abastecimiento, o directamente barrios con concentración de población con bajos ingresos —si los inundamos, insisto— hasta el punto de que cualquier vecino —y más todavía, si es joven— sienta que está ineluctablemente destinado al juego de azar y a las apuestas».

Por su parte, el director general de Comercio, Miguel Piñol, ha agradecido la implicación de las entidades sociales en la lucha contra la adicción. «El Gobierno en general, y esta dirección general en particular, tienen un compromiso firme para hacer frente a la problemática que puede suponer la adicción al juego». «Por este, motivo, durante las próximas dos semanas se remitirán tanto al sector como a los agentes sociales los primeros borradores de trabajo, de forma que las modificaciones legales que se acometerán puedan recoger no solamente la vertiente de negocio, sino todas aquellas consideraciones sociales y sanitarias que la Mesa Social del Juego ha ido discutiendo los últimos meses como son la protección de la infancia, de la población y de los barrios más vulnerables, atención a los autoprohibidos, prevención de las adicciones comportamentales, etcétera», ha dicho.

Finalmente, Piñol ha destacado que «la tarea de esta Consejería se ha centrado en “calmar el juego” en un territorio que ya acumula 148 salas de juego, 5.000 máquinas de azar y alrededor de 500 personas inscritas en el registro de autoprohibidos para entrar en salones de juego y apuestas. Nos hemos colocado un momento alrededor de la pizarra para prevenir y planificar de manera estratégica, y siempre teniendo en mente que varios estudios indican que el 30 % de los adictos al juego se inician siendo menores de edad».

Hay que señalar que en el último estudio comparativo a nivel de comunidades autónomas (2017), la media balear de establecimientos de juego por cada millón de habitantes era la tercera más grande de España (116) después de Murcia (225) y Canarias (139), y más de 40 puntos por encima de la media nacional (75).

En la Mesa Social del Juego, celebrada este lunes, han participado de forma presencial o telemática: Mercedes del Pozo, presidenta de UNICEF Comité Balears; Anna Moilanen, defensora de la ciudadanía del Ayuntamiento de Palma y Vicente Rodrigo, adjunto de la defensora de la ciudadanía; Miguel Ángel Guerrero, director de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnas de Mallorca (FAPA); Joan Forteza, presidente de la Federació d’Associacions de Veïns; José María Piñero, vocal de psicología de las adicciones (COPIB); Eusebia Rayó, defensora de la ciudadanía de Marratxí; Isabel María Morey, del Plan de adicciones y drogodependencias de las Illes Balears (PADIB); Susana Martínez, de Proyecto Hombre; Patricia Suárez, Presidenta de la Asociación de Afectados por productos financieros (ASUFIN); Antonia Miralles y Julia Monge de la Asociación Juguesca, y Xisca Mulet de la Plataforma Marratxí Lliure de cases d'apostes.