El PSIB-PSOE acusa al Govern de ocultar informes ambientales contra el decreto de simplificación, y pide su derogación

El diputado del PSIB-PSOE Carlos Bona, ha exigido al Gobierno del PP que derogue el decreto de simplificación administrativa, porque existen informes de expertos que el Gobierno no hace públicos que van en dirección contraria al decreto. En concreto, Bona ha citado que hay documentos en evidencia que " este decreto da pasos atrás importantes, que pone en peligro la vida, la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras de las Islas Baleares", según se extrae de el informe del Comité de expertos para la transición energética y cambio climático, que el Gobierno, "en un ejercicio de opacidad, no ha publicado en su web".

El diputado socialista ha indicado que "este decreto no es un éxito, sino un desastre anunciado", y ha acusado al PP de seguir en la misma línea de 1988 cuando quiso tapar la Riera de Palma para hacer un aparcamiento en el mismo lecho del Torrent, una iniciativa que afortunadamente se detuvo.

Pese a que ahora el PP se pone las manos en la cabeza por lo que ha sucedido en la Comunitat Valenciana, "quieren seguir imponiendo una letra pequeña que permita que quien construyó ilegalmente, pueda revalorizar sus inmuebles".

Por eso, Bona pide “¿qué más debe pasar por derogar este decreto? ¿Qué criterio técnico o justificación científica ha tenido en cuenta al Gobierno para suprimir las protecciones en zonas vulnerables al riesgo climático? ¿Y para recortar informes de impactos ambientales y sociales? ¿Y para reducir requisitos de autosuficiencia energética como contemplaba la ley balear de Cambio climático?”

Para el diputado socialista, la crisis climática es el mayor reto que la humanidad haya afrontado nunca, que exige un “liderazgo valiente y que priorice la seguridad y la sostenibilidad, por encima de los intereses a corto plazo”.

Legalización de 30.000 chalés en suelo rústico

Por su parte, la diputada socialista Mercedes Garrido ha recordado que el vicepresidente Costa ha negociado personalmente las modificaciones que se han hecho en el decreto ley, modificaciones "que han entrado directamente por la puerta de atrás y sin ningún tipo de consenso".

También ha denunciado que estas negociaciones se han hecho de repente, sin ningún tipo de consenso ni consultas a ayuntamientos, ni a Consells (que son los competentes con urbanismo), ni a entidades, asociaciones, agentes sociales, colegios profesionales , ni a expertos de la mesa de sostenibilidad: “Ha hurtado la participación pública, han hurtado a los grupos políticos la posibilidad de hacer enmiendas; lo han hecho de forma manipuladora, con trilerismo político, y abusando del proceso legislativo”.

Y todo esto se ha hecho "para llegar a los intereses clientelares del PP", pasando por encima de los grandes consensos urbanísticos de los años 90. Por eso, según Garrido, cuando la ley entre en vigor, cambiará de repente la prueba para iniciar el cómputo de la prescripción, en vigor desde 1990. Al mismo tiempo, empezarán a prescribir las casas ilegales en suelo rústico, que no prescribían desde 2017; empezarán a prescribir los usos ilegales, que tampoco prescribían desde 2012.

Además, entra en vigor la flexibilización de la legalización de chalés en suelo rústico que permitirá legalizar por silencio positivo, ya medida que vayan prescribiendo, la legalización de 30.000 chalés en suelo rústico.

Y también se podrán realizar obras de consolidación en los edificios ilegales fuera de ordenación, cargándose una legislación en vigor desde 1988, y aprobando la amnistía definitiva.