El PSIB asegura que se ha dejado de financiar el 59 por ciento de los anticonceptivos orales

El PSIB ha asegurado este viernes que el 59 por ciento de los anticonceptivos orales han quedado sin financiar y, por tanto, deben ser pagados íntegramente por las mujeres que los utilizan.

Así ha informado el diputado y portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Vicenç Thomàs, quien ha lamentado que "una vez más" las decisiones del Ministerio de Sanidad tengan "graves consecuencias" para la salud de los ciudadanos, en este caso por la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que se han visto afectadas por la exclusión de ocho anticonceptivos de última generación desde el pasado 1 de agosto.

El socialista ha criticado esta "decisión ideológica del PP contra la capacidad de decisión de las mujeres" y ha remarcado la gravedad de esta medida teniendo en cuenta que durante el 2012 hubo 27.891 envases prescritos en Baleares, lo que representó un gasto farmacéutico de 362.688 euros.

Además, según ha indicado, entre enero y abril de 2013, se han facturado al Servicio de Salud 13.076 envases, con un gasto de 174.122 euros. Esto representa, ha dicho, el 59% de las prescripciones de anticonceptivos orales que se recetan y que "con la decisión del Gobierno del PP, ahora serán las mujeres las que tendrán que pagar el 100% de este gasto para su utilización.

Estos medicamentos contienen la asociación de los principios activos de drospirenona y etinilestradiol y, pese a que continúan en el catálogo de medicamentos, pierden su financiación pública. El perfil de las mujeres que toman estas presentaciones son mujeres jóvenes, con piel grasa, acné, hirsutismo o que retienen líquidos que ahora tendrán que pagar entre 10 y 30 euros si quieren continuar utilizando estos anticonceptivos de última generación o recurrir a medicamentos más antiguos con efectos más agresivos.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad decidió el pasado verano dejar de financiar ocho anticonceptivos de última generación, tal y como recogía la ley 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, donde se establecía la financiación de los anticonceptivos de última generación por parte del Gobierno central para dar concreción a la efectividad en su acceso.