Recurren judicialmente la aplicación del Decreto-ley de Prohens y Galmés que aplica la amnistía urbanística al suelo rústico de Mallorca, por ser inconstitucional

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca han presentado ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma el recurso contra la aplicación del Decreto-ley de simplificación administrativa en la isla de Mallorca. El recurso se plantea en contra de la aprobación en el pleno del Consell de Mallorca del pasado 18 de junio del acuerdo que daba luz verde a la aplicación del Decreto ley de medidas de simplificación administrativa del Govern.

El Consejo basa su legalidad en la aprobación de la norma a partir de la Disposición Adicional 7ª del Decreto Ley, pero es evidente que esta actuación extraordinaria no queda motivada por que el propio objeto principal del Decreto ley es la simplificación administrativa, y no la reforma de la normativa territorial, que es la que queda modificada de facto, en el momento en que el Consejo la eleva a votación en el pleno. Por tanto el acuerdo de pleno del Consejo debería ser nulo de pleno derecho, por la vulneración del principio de jerarquía y especialidad normativa, y por tanto, contrario a la Constitución.

Galmés aprobó en Mallorca la aplicación del Decreto ley una semana después de su entrada en vigor, sin realizar ningún estudio, motivación o guía de aplicación por los municipios. Una norma depredadora de territorio y contraria a la voluntad de miles de personas. Cladera cree que "concurre suficiente base jurídica para poder elevar una cuestión de inconstitucionalidad y la consiguiente suspensión cautelar de la aplicación de la medida que ahora permite la legalización casi incondicionada de cualquier tipo de construcción en rústico en Mallorca". La portavoz socialista también ha alertado de la "inseguridad jurídica" de una normativa que puede ser declarada inconstitucional, lo que supondría la reversión de la amnistía urbanística que ahora afecta a más de 30.000 viviendas en rústico.