Actualizado el 26/07/2022 13:15 Compartir
El Parlament de las Illes Balears ha aprobado hoy la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación de las Illes Balears (LCTIIB), con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, y de la comunidad científica representada por los principales institutos y organismos dedicados a la investigación en el archipiélago.
El consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, ha intervenido antes del debate en el Pleno del Parlament y ha destacado la «importancia para la Comunidad Autónoma y para toda la comunidad científica de una ley propia que da coherencia, estructura, estabilidad y continuidad a las diversas políticas científicas y esto siempre es un avance y un espejo de referencia». Una ley que «establece un nuevo marco normativo contando con la mirada colectiva de los grupos políticos, convencidos de que esta Ley es un instrumento necesario y de mejora real», ha añadido.
La Ley es «una apuesta por la economía y la sociedad del conocimiento y por políticas que impulsen la diversificación económica desde la investigación». Y «nadie puede ayudar más a impulsar esta sociedad que una comunidad científica fuerte con un marco legal adecuado a los tiempos actuales». En este sentido, la Ley prevé el incremento progresivo de los recursos públicos dedicados a la investigación, y al desarrollo hasta llegar al 2 % del presupuesto anual de la Comunidad Autónoma para el año 2030. Además, el texto prevé la creación del Instituto de Investigación de las Illes Balears, que permitirá atraer talento investigador internacional y retener talento local, siempre con una visión de igualdad entre hombres y mujeres. «Necesitábamos una ley propia que fuera capaz de reconocer nuestras singularidades y que tuviera en cuenta las peculiaridades de un territorio finito y discontinuo, que necesita de herramientas concretas para garantizar la equidad de las políticas científicas —las sociales y las económicas— en todo el territorio. La creación del Instituto de Investigación de las Illes Balears facilitará y fomentará la actividad investigadora, que permitirá la retención y captación de talento. Y esto se reflejará en la financiación pública puesto que la ley fija un incremento progresivo del presupuesto de la comunidad, dedicado a la ciencia», ha continuado Company.
Para atraer y retener talento, la nueva Ley establece las bases para mejorar las condiciones laborales y dar estabilidad a los investigadores, diseñar nuevas fórmulas educativas que fomenten las vocaciones STEM y aplicar medidas correctoras de los desequilibrios de género dentro de la actividad investigadora. Así, la nueva Ley vela para que prevalezcan los criterios éticos, sociales y de sostenibilidad y garantiza la igualdad de género.
Company ha dedicado un apartado importante de su intervención a dar las gracias «a quien da el primer paso y siembra la primera semilla y ha agradecido en primer lugar al consejero Martí March por haber puesto las bases al inicio de la pasada legislatura», y ha extendido su agradecimiento «a todos los que han hecho posible esta votación».
Además, ha resaltado el trabajo del secretario autonómico, Miquel Àngel Sureda; el director general de Política Universitaria e Investigación, Pep Lluís Pons, y de todo su equipo de la Conselleria y del gabinete.
Según Company, «días como el de hoy dan fuerza al mensaje sobre la necesidad de una diversificación económica que contribuya a un crecimiento basado en el conocimiento y la información». De esta forma, se consolida la necesidad «de contar con políticas públicas que fueran capaces de proteger la investigación, el desarrollo tecnológico derivado de la investigación y la innovación».
Para finalizar, Company ha recordado que «el objetivo de la investigación tiene que ser siempre que su actividad llegue a la sociedad. La transferencia del conocimiento es clave, especialmente para la creación de empresas de base tecnológica, como también por la difusión de este conocimiento, así como la capacidad de despertar vocaciones científicas».
La Ley ha llegado al Parlament después de presentar el Proyecto de ley el 7 de marzo de 2022 a los representantes de varias entidades científicas que han participado en la elaboración del mismo, como por ejemplo el Instituto de Español de Oceanografía, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears (SOCIB), el Instituto de Investigación Agroambiental y de Economía del Agua (INAGUEA) o la Universidad de las Illes Balears. A partir de este momento se inició todo un proceso de debate público, además de pasar por todos los órganos correspondientes, una vez aprobado por el Consell de Govern y posteriormente por la Comisión de Educación, Investigación y Cultura.
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