Garrido defiende que el decreto de sanciones anti botellón 'se dirige a una minoría en beneficio de la mayoría'

El pleno del Parlamento ha validado el decreto ley 7/2021, de modificación del Decreto Ley 11/2020 de 10 de julio, por el cual se establece un régimen sancionador específico para hacer frente en los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, el cual ha defendido la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ante el pleno.

Una normativa que viene motivada, según ha explicado la consejera, por la necesidad y urgencia de disuadir una determinada parte de la población de incumplir las medidas sanitarias para frenar la COVID-19. “La norma que validamos hoy se dirige a una minoría, en beneficio de la mayoría”, ha apuntado Garrido.

En concreto, el decreto ley propone reforzar el control y endurecer las sanciones “a la minoría que se muestra incapaz de actuar preservando el bien común, con la cual queremos ser contundentes e inflexibles”.

La consejera ha reiterado que “la evolución de la pandemia en la actualidad se caracteriza porque la mayoría de los nuevos casos identificados están ocurriendo en población joven no vacunada y se asocian a la celebración de acontecimientos superdiseminadores, donde grupos numerosos de personas pasan tiempos prolongados en situaciones con elevada probabilidad de no seguimiento de las medidas de prevención de la transmisión, como por ejemplo el uso de la mascarilla o el mantenimiento de la distancia de seguridad. Esta nueva situación de gravedad en la transmisión del virus, dada en fiestas ilegales y botellones, tiene que ser cortada a fin de preservar el derecho a la salud”.

De este modo, se sanciona con un mínimo de 1.000 euros la participación en un botellón; un mínimo de 2.000 si se participa en un botellón siendo contacto estrecho y con un mínimo de 5.000 euros si se hace botellón siendo positivo por COVID-19. También se propone una sanción mínima de 5.000 euros por la venta de alcohol fuera del horario permitido.

A pesar de esto, Garrido ha querido dejar claro que “el comportamiento de la ciudadanía en Baleares es, en la inmensa mayoría, excepcional, a pesar de que el visionado de las imágenes de los incumplimientos de una parte de la población nos puedan inducir a pensar el contrario”.

Finalmente, se considera persona responsable de las infracciones a los propietarios de las viviendas o espacios donde se hagan fiestas ilegales, en caso de que no comuniquen la identidad de las personas que hayan contratado el alojamiento de la vivienda o el espacio donde se haya cometido la infracción si es el caso.

En definitiva, “este decreto ley se presenta como una medida necesaria y urgente para frenar contagios, proteger la salud pública de la ciudadanía y rebajar la presión sanitaria, con el fin de revertir la situación y poder encarar con más bastante, cuanto antes mejor, la reactivación económica de nuestras islas”, ha concluido Garrido.