Actualizado el 24/04/2024 14:31 Compartir
PIMEM espera ahora que el Consejo de la Unión Europea no se oponga a la aprobación del Reglamento a pesar que hay determinados países (como Alemania, Francia y Holanda) que, al no sufrir problemas de morosidad les supondría un añadido de burocracia”. Es en este sentido que tanto la patronal mallorquina como la catalana PIMEC y la Confederación empresarial a nivel estatal CONPYMES les insta a que “no se opongan para agilizar su puesta en marcha, y que el texto definitivo sea lo más cercano al planteado y así se puedan beneficiarse millones de autónomos y pymes de toda Europa.
Sanciones y plazos de pago más cortos
El nuevo reglamento será de obligado cumplimiento, y mejorará la liquidez económica y, por ende, la viabilidad de las empresas, porque prevé sancionar a las empresas morosas si exceden del plazo de pago general fijado en 30 días (o en 60 para casos de necesidad de periodo de certificación o en 120 días para los artículos de baja rotación).
Además de las sanciones y de los plazos de pago fijados, en el Reglamento Europeo está previsto que haya la posibilidad de compensación de créditos con las AAPP cuando se trate de contratos públicos; y que se prohíba la utilización de medios de pago que alteren las condiciones de pago.
Incumplimiento de los plazos de pago en España
El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, denuncia que “la morosidad es una lacra en España. Según el último informe anual de la entidad, durante 2023 el plazo medio de pago del sector privado aumentó 3 días (hasta los 70 días de media), mientras que el del sector público se redujo en 12 días (hasta situarse en una media de 55 días).
Concretamente en el sector privado, para el 59% de los encuestados el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de euros. Solo el 19% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal.
Para el presidente de la PIMEM, Jordi Mora, “el futuro Reglamento Europeo, proporcionará a las pymes españolas un marco jurídico sólido y previsible para hacer frente a los retrasos en los pagos, tanto en las relaciones entre empresas como entre empresas y administraciones públicas. Estamos hablando que los retrasos en los pagos condicionan la viabilidad de muchas pymes sino su desaparición por no poder hacer frente al duro golpe económico”.
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