El PSIB-PSOE advierte que el decreto ley de simplificación administrativa será “un cóctel peligroso” de consecuencias serias sobre el territorio

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons, ha calificado el decreto ley de simplificación administrativa que prepara el Govern como un “cóctel muy peligroso que puede tener consecuencias como el destrozo del paisaje y el territorio, la saturación de nuestras islas y la pérdida en la calidad de nuestras viviendas”.

Pons ha expresado la preocupación de los socialistas con la desregulación administrativa que está trabajando el PP, con la que "hay menos transparencia en la toma de decisiones, menos controles en la tramitación de los proyectos y menos exigencias territoriales y ambientales", lo que se mezcla con "la supresión de la Oficina Anticorrupción, la barra libre a las ilegalidades en suelo rústico y los intereses personales de algunos miembros del Gobierno que tienen agroturismos ilegales".

El portavoz adjunto ha recordado que “si todavía tenemos espacios emblemáticos en las Islas Baleares de valores territoriales y ambientales extraordinarios, y un paisaje del que podemos presumir, es porque tenemos unas normas que hacen posible esta protección y unos controles administrativos que hacen que nadie tenga tentaciones de autorizar ni realizar posibles actividades que no están permitidas”.

Por eso, Pons ha advertido de la alarma que supone que "el PP haga un llamamiento a la desregulación, a la eliminación de filtros en la lucha contra la corrupción y la preocupación ante los intereses particulares".

Ante todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia parlamentaria urgente del director general de Transparencia, Jaume Porsell, para que explique “qué le ha llevado a comercializar un establecimiento turístico de forma presuntamente ilegal ya incumplir la ley cuando todavía preside la Comisión de Ética”.

En este sentido, Pons ha criticado que la presidenta del Gobierno, Marga Prohens, “no puede estar justificando posturas de altos cargos que de forma evidente incumplen la ley, y que además, son los responsables de velar por el cumplimiento del Código Ético cuando él mismo le incumple”.

El grupo socialista ha pedido también la comparecencia de la inspectora general de la Consejería de Presidencia, Catalina Ferrer, "para saber qué hará con los 207 expedientes abiertos por la oficina anticorrupción que tiene sobre la mesa".

Por último, Pons ha explicado que el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, que no permita a la cámara pronunciamientos que criminalicen a determinados colectivos como las personas migrantes, en rechazo a las palabras en el plenario de ayer del diputado de Vox, Sergio Rodríguez, en las que relacionaba inmigración con delincuencia y se refería a los apoderados socialistas de los colegios electorales como "senegaleses como armarios empotrados de dos metros".