El juez archiva la causa contra San Gil por la adjudicación del contrato de la ORA

El juez de Instrucción número 12 de Palma que investiga la adjudicación del contrato de la ORA en el Ayuntamiento de Palma ha sobreseído la causa contra la ex regidora de Función Pública, Irene San Gil, después de que haya prestado declaración este martes durante aproximadamente 40 minutos.

Así ha informado la propia San Gil en declaraciones a la prensa, quien, por tanto, ha quedado desimputada tras prestar declaración y ha dicho estar "contenta", si bien no ha querido dar más detalles por ser secreta la causa.

La que fuera regidora durante la legislatura de Mateu Isern fue detenida el pasado 17 de octubre por la Policía Nacional, junto al ex regidor de Movilidad, Gabriel Vallejo, en el marco de la operación por las presuntas irregularidades en la licitación y adjudicación del concurso de la ORA.

Cabe recordar que el PP estaba a la espera de que se aclare "la situación procesal" de la exregidora de Función Pública, que puso su cargo a disposición del partido para ver si aplica su código ético y acepta su renuncia.

La declaración de San Gil ha tenido lugar después de que el pasado 21 de octubre el que fuera concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Palma durante la última legislatura del PP, Gabriel Vallejo, declarase durante dos horas y media. No obstante, en ese caso el exedil continuó encausado en este procedimiento judicial, abierto en el marco del caso que investiga la trama de corrupción presuntamente urdida en el seno de la Policía Local en forma de extorsiones y amenazas a empresarios turísticos.

Las detenciones, que se elevaron a un total de trece, se produjeron en el ámbito de la Operación Sancus, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12, la Fiscalía Anticorrupción y funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales y adscritos a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Jefatura Superior de Policía en Baleares.

También han declarado estos días otros de los arrestados en esta operación. De hecho, el instructor de la causa, Manuel Penalva, decretó el pasado jueves prisión sin fianza para el jefe del área de Movilidad del Ayuntamiento, Miquel Femenia, y para Antoni Roig, uno de los empresarios cuya mercantil forma parte de la UTE encargada de regular la ORA -integrada por Roig Obres i Serveis i Medi Ambient SA, Api Movilidad SA y Dornier SA-.

Los dos encausados negaron durante su declaración haber incurrido en delito alguno por estos hechos y, en el caso de Roig, aseguró que nunca ha pagado comisión alguna por la concesión de la ORA.