
Actualizado el 27/05/2020 13:56 Compartir
El Plan Plurianual preveía como principal medida, la adopción de un cierre de tres meses al arrastre en la franja costera. Sin embargo, España ha optado por derogarlo y elegir una opción que, ni siquiera cumple con los requisitos mínimos legales de Europa y apenas supondría una leve mejora, dada la alarmante situación actual de los caladeros.
Teniendo en cuenta el texto publicado, Oceana considera que el ministro Luis Planas ha sucumbido ante la presión del sector pesquero, ya que en la nueva Orden se han reducido de forma considerable, las zonas de cierre inicialmente previstas para cumplir con el Plan que regula la pesca de arrastre en Mediterráneo Occidental. El texto ignora el consejo científico y además no refleja propuestas que inicialmente barajaba el ministerio. Resulta además llamativo que la mayor superficie de los cierres se encuentre en aguas francesas, mientras el mar de Alborán y los caladeros del Levante seguirán expuestos a la sobrepesca.
“España optó por la derogación del cierre costero del Reglamento europeo, pero lamentablemente la Orden no ofrece una alternativa creíble. Esta política no supone ningún avance y responde claramente al interés cortoplacista de un sector sin miras al futuro” afirma Vera Coelho, Directora de Campañas de Oceana, que añade “Esta orden no cumple los requisitos mínimos legales de Europa y no es la forma de dirigirnos hacia un modelo de transición ecológica que integre una pesca sostenible.”
En cuanto a los cierres para evitar la explotación de juveniles (ver Figura 1), el Comité Científico Técnico y Económico de la Pesca de la Unión Europea ya advirtió que España no cumplía con la regulación europea. Sin embargo, las medidas incluidas siguen sin responder a las necesidades de los recursos más sobreexplotados del Mediterráneo por las siguientes razones:
· Las vedas incluidas alrededor de la Isla de Alborán, el Golfo de León y el área al noreste de Mallorca no suponen ninguna mejora, ya que el arrastre está prohibido por normativas que ya existían con anterioridad.
· No existen zonas de cierre ni en la costa andaluza (GSA 1) ni en el Levante (GSA 6) - para las que existe información suficiente sobre las agregaciones de juveniles-, con lo cual no se cumple con las exigencias mínimas del Reglamento europeo.
· Los cierres en la zona de Baleares se localizan en áreas donde el esfuerzo pesquero es mínimo y no coinciden con zonas de concentración de juveniles de merluza (ver Figura 2).
· Durante el período de consulta de la orden, Oceana ya advirtió del riesgo de las propuestas y envió diferentes alternativas basadas en documentos científicos producidos por instituciones españolas para contribuir a las necesidades de protección de juveniles.
En vista de las deficiencias de la Orden, y teniendo en cuenta que no cumple con las obligaciones establecidas según el marco normativo europeo, Oceana pedirá a la Comisión Europea que rechace la Orden y aplique los mínimos legales del Plan Plurianual de acuerdo con la información científica disponible.
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