El Govern denuncia la falta de lealtad institucional del Gobierno de España en plena regularización extraordinaria

El Govern de las Illes Balears denuncia una nueva muestra de deslealtad institucional por parte del Gobierno de España después de haber conocido a través de los medios de comunicación la visita que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha realizado hoy a Mallorca para interesarse por el estado del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El Ejecutivo autonómico no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre esta visita, una situación que evidencia, una vez más, la falta de coordinación y de voluntad del Gobierno de España de escuchar a las comunidades autónomas y a las administraciones locales en una cuestión que afecta directamente a sus servicios públicos y a su capacidad de acogida.

El Govern recuerda que esta regularización extraordinaria ha sido impulsada sin consenso y sin contar con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos, que son las administraciones que se encuentran en primera línea y que tendrán que asumir las consecuencias de una decisión de esta trascendencia en ámbitos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda o la convivencia.

Precisamente, mientras diferentes expertos han advertido del aumento de la presión que este proceso extraordinario de regularización podría generar sobre los servicios públicos, el Gobierno de España sigue sin facilitar información clara sobre el alcance real de la medida ni sobre sus consecuencias para las comunidades autónomas, los ayuntamientos y sus recursos.

De hecho, ni siquiera durante su visita de hoy a las Illes Balears la ministra Elma Saiz ha sido capaz de concretar cuántas personas se han acogido hasta ahora al proceso extraordinario de regularización, a pesar de que falta apenas una semana para que concluya. Esta falta de información y de datos oficiales dificulta cualquier planificación y hace imposible desarrollar políticas de integración efectivas en un contexto marcado por una crisis migratoria sin precedentes y por una realidad cambiante.

El Ejecutivo autonómico lamenta que, pese a estas advertencias y pese a ser una de las comunidades que soportan una mayor presión migratoria, el Gobierno de España continúe actuando de espaldas a las Illes Balears y sin interesarse por el punto de vista de una comunidad autónoma que es la que tendrá que afrontar de manera directa las consecuencias de este proceso.

Las Illes Balears viven la peor crisis migratoria de su historia. En 2025 llegaron a las costas del archipiélago 7.321 personas en 401 embarcaciones, la cifra más alta registrada hasta la fecha. En lo que llevamos de 2026, y hasta el 19 de junio, ya han llegado 2.298 personas en 129 pateras, de manera que en solo cinco años más de 20.000 personas han llegado de forma irregular a las Illes Balears.

Por ello, el Govern insiste en que la situación de las Illes Balears no es comparable a la de otras comunidades autónomas. La ruta Argelia-Baleares sigue siendo la que más crece en el ámbito nacional y europeo y la presión sobre los servicios públicos, los recursos de acogida y el sistema de protección de menores es especialmente intensa en un territorio insular con recursos limitados y una elevada presión demográfica.

En este contexto, el Govern comparte la preocupación expresada por numerosos ayuntamientos de las Illes Balears, que han denunciado reiteradamente la falta de información, planificación y recursos por parte del Gobierno de España. Los consistorios, que son la administración más cercana a la ciudadanía, se han visto obligados a situarse en primera línea y han sido abandonados ante una decisión adoptada unilateralmente y sin ir acompañada de los medios necesarios para afrontar sus consecuencias.

El Govern considera especialmente grave que, en lugar de mantener una relación basada en la lealtad institucional y la cooperación entre administraciones, el Gobierno de España continúe ignorando la realidad específica de las Illes Balears e incluso organice visitas ministeriales sobre una cuestión de enorme trascendencia para la comunidad autónoma sin ni siquiera informar oficialmente al Govern.

Ante esta falta de diálogo y de lealtad institucional, que ha vuelto a quedar patente durante la visita de hoy, el Govern de las Illes Balears continuará utilizando todas las herramientas jurídicas e institucionales a su alcance para defender los intereses de la comunidad autónoma. Porque, ante las decisiones unilaterales del Gobierno de España y su negativa reiterada a escuchar a las Illes Balears, los recursos judiciales han acabado convirtiéndose en la única respuesta posible a la ausencia de diálogo y de cooperación institucional.

El Ejecutivo autonómico seguirá defendiendo una inmigración legal, ordenada y regulada y reclamando al Gobierno de España más respeto institucional, más transparencia y una respuesta específica ante una realidad que no es comparable a la del resto del territorio nacional.