El Supremo admite a trámite el recurso del Govern contra el RD que fija en 406 plazas la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores no acompañados

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Govern de las Illes Balears contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas.

En el recurso interpuesto y admitido a trámite, el Govern alerta de la presión que soporta el sistema de protección de menores en las Illes Balears, especialmente en lo que respecta a los niños y adolescentes migrantes no acompañados, situación que tanto el ejecutivo autonómico como los distintos Consejos Insulares vienen denunciando desde hace meses. Unos datos contrastados a través de los informes llevados a cabo por la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

La impugnación se basa en que esta capacidad ordinaria de 406 menores adjudicada a las Illes Balears responde a una regulación adoptada sin una justificación clara de los criterios empleados, lo que genera un resultado opaco y arbitrario que beneficia a unas comunidades en detrimento de otras y vulnera el principio constitucional de solidaridad interterritorial. La norma es, por tanto, perjudicial para los intereses legítimos de la comunidad.

De este modo, el Tribunal Supremo tramitará ahora el recurso presentado el día 24 de septiembre de 2025, por la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, tras ser autorizado por el Consell de Govern.

Este recurso se suma a otros dos recursos previos presentados por la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y que ya han sido admitidos a trámite. Se trata del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, porque afecta las competencias y la autonomía financiera de la comunidad; y del recurso presentado ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, que regula las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.

Asimismo, el Govern de las Illes Balears, a través de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, también ha presentado alegaciones contra el procedimiento iniciado por la Administración del Estado para el traslado de los dos primeros menores extranjeros no acompañados, dentro del reparto impuesto por el Gobierno de España