Actualizado el 25/09/2025 13:58 Compartir
JUPOL denuncia que la actual situación es “insostenible” y está provocando “una crisis estructural en materia de personal” en Baleares, donde resulta extremadamente difícil cubrir las vacantes disponibles. La carestía de la vida, especialmente el elevado precio de la vivienda, hace que las islas sea un destino poco atractivo para los agentes, que en muchos casos se ven obligados a aceptar estos destinos de manera forzosa tras sus procesos de formación.
“Baleares se ha convertido en una plantilla de paso para la mayoría de los policías, que solicitan el traslado en cuanto cumplen los plazos mínimos de permanencia. Esto impide consolidar equipos experimentados y afecta directamente a la calidad del servicio policial en una comunidad que recibe cerca de 19 millones de turistas al año”, advierte JUPOL.
La organización sindical recuerda que la indemnización por residencia que perciben actualmente los agentes está “totalmente desfasada y es insuficiente” para afrontar el elevado coste de la vida en el archipiélago. Por ello, insta a la Dirección General de la Policía a promover, ante el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, un aumento sustancial de este complemento económico. Asimismo, solicita que se incremente el baremo de méritos de todas las plantillas de la Jefatura Superior, modificando las órdenes vigentes para favorecer la llegada y permanencia voluntaria de agentes en las islas.
JUPOL insiste en que estas medidas son “imprescindibles para garantizar la estabilidad, la eficacia y la continuidad del servicio policial en Baleares” y reclama al Gobierno que actúe con responsabilidad para asegurar que la Policía Nacional pueda cumplir con sus funciones en condiciones adecuadas.
Además, JUPOL recuerda que forma parte de la plataforma UNISEP, una alianza de organizaciones que luchan por la igualdad de los servicios públicos en Baleares y que viene denunciando desde hace tiempo la necesidad de actualizar las indemnizaciones por residencia y mejorar las condiciones laborales de todos los servidores públicos destinados en el archipiélago.
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