El Govern reclama financiación estatal y desmiente a la ministra Aagesen: las islas cuentan con planes insulares de residuos adaptados a la normativa

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha remitido una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la que denuncia la falta de fundamento jurídico y técnico para negar a las Illes Balears la financiación estatal del transporte interinsular de residuos. El conseller ha subrayado que esta financiación resulta especialmente necesaria en territorios como Formentera y Eivissa, donde los costes logísticos son significativamente superiores.

Sáenz de San Pedro ha señalado que esta aportación estatal es clave para garantizar la equidad territorial y el cumplimiento de los objetivos ambientales comunes. En este sentido, ha mostrado su preocupación por las declaraciones realizadas por la ministra en el Senado, donde afirmó que la comunidad autónoma carece de planes de gestión de residuos adaptados a la Ley 7/2022, de 8 de abril.

El conseller ha aclarado que cada isla del archipiélago dispone de su propio plan director sectorial de residuos, aprobado por su consell insular y vigente desde 2019. Estos instrumentos de planificación, elaborados conforme a la normativa autonómica y estatal, constituyen la base del modelo territorial balear de gestión insularizada.

Asimismo, Sáenz de San Pedro ha recordado que la Ley estatal 7/2022 establece, en su disposición adicional tercera, la obligación del Estado de financiar el sobrecoste derivado del transporte de residuos en los territorios no peninsulares. Ha destacado, además, que la ley balear de residuos, aprobada en 2019, fue pionera en incorporar los principios de la economía circular y la jerarquía de tratamiento fijados por la normativa europea e incluso anticipó objetivos que posteriormente se integraron en la normativa estatal.

El conseller ha precisado que el plazo de tres años recogido en la disposición transitoria primera de la Ley 7/2022 se refiere a la adaptación de autorizaciones y comunicaciones, y no a la revisión de planes de gestión, que deben actualizarse cada seis años. En este sentido, ha informado de que ya se ha iniciado la tramitación formal de revisión de los cuatro planes insulares.

Finalmente, Sáenz de San Pedro ha reafirmado la voluntad del Govern de mantener la colaboración institucional y ha solicitado que se reconozca «el esfuerzo realizado por nuestras administraciones insulares en materia de planificación y gestión de residuos, y que se activen los mecanismos de apoyo previstos en la legislación vigente».