Anulan desde Madrid la prohibición del diesel en 2025

El Gobierno central y el Govern de les Illes Balears han llegado a un acuerdo en relación con las discrepancias surgidas a raíz de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética. Se evita, así, que la norma autonómica llegue al Tribunal Constitucional.

El acuerdo incluye el compromiso del Gobierno autonómico de suspender la disposición adicional tercera, apartado tercero, en relación con el artículo 67 de la ley. Esto mientras se está a la espera de la aprobación de la ley nacional de cambio climático. Una norma que deberá tener en consideración las singularidades propias de las Islas derivadas de su condición de territorio insular, tal como se ha acordado. Se trata por tanto, de una suspensión provisional del calendario establecido para los vehículos de combustión interna.

La disposición adicional tercera determina que, a partir del 1 de enero de 2025, quede prohibida la circulación de motocicletas y turismos que funcionen con diesel. También fija el 1 de enero de 2035 como fecha de prohibición para la circulación de motocicletas, turismos, furgones y furgonetas que no sean libres de emisiones. Salvo, en ambos casos, de aquellos vehículos a los que se apliquen excepciones por razones de servicio público o que, con anterioridad, ya estén en circulación y matriculados en las Illes Balears.

Así pues, se respeta y mantiene la redacción original del artículo al tiempo que el Govern de les Illes Balears se compromete a suspender este calendario previsto en la disposición hasta que no haya una ley estatal de cambio climático.

El vicepresidente y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, ha detacado hoy durante la sesión plenaria del Parlament de les Illes Balears que "se mantiene el texto de la norma. No se reclama ni la reforma ni la derogación que han motivado divergencias entre ambas administraciones. Y se mantiene la fecha del 1 de enero de 2025 como fecha de inicio de la limitación del diesel en las Illes Balears”.

En cuanto al resto de puntos que han provocado discrepancias entre las administraciones central y autonómica, se considera que los artículos 1.2, 14.2, 20.1 y 23 de la ley no suscitan ningún tipo de injerencia competencial. La decisión se basa en el hecho de que la norma no afecta infraestructuras, instalaciones publicas, actividades o planes, programas y proyectos de competencia estatal.

En relación con el artículo 68.3, ambas partes coinciden en que se interpretará en los términos establecidos en la legislación básica estatal.

El acuerdo da por resueltas las divergencias surgidas entre los gobiernos central y autonómico a raíz de la aprobación de la ley balear de cambio climático. Además, se comunicará la decisión al Tribunal Constitucional y se publicará tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Boletín Oficial de las Illes Balears.