Puig dice que la reforma de la Ley del Indulto que promueve el PSOE 'impedirá evitar cárcel a condenados por corrupción'

El secretario general del PSPV-PSOE y diputado en el Congreso, Ximo Puig, ha explicado que los socialistas han presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta para reformar la ley que regula el indulto porque consideran necesario que los ciudadanos perciban que "no existe impunidad, ni ciudadanos de primera y de segunda a la hora de afrontar los delitos" ya que, según ha advertido, "la impunidad es un veneno para la democracia y para el estado de derecho".

En concreto, proponen "que ningún corrupto pueda acogerse al indulto, que los tribunales que han juzgado el caso informen favorablemente para su concesión y que el Gobierno justifique claramente los motivos". Así, ha señalado que si la reforma de los socialistas sale adelante "impedirá que puedan evitar la cárcel los condenador por corrupción".

En la "lucha contra la corrupción", los socialistas proponen que no habrá indulto, total o parcial, cuando se trate de delitos cometidos por cargos públicos para obtener "beneficio económico para sí o para sí o para un tercero".

Para Puig, "es fundamental recuperar la confianza en las instituciones", ya que está "profundamente dañada por la incapacidad de las mismas para dar respuesta a los problemas políticos y ciudadanos de la gente", al tiempo que ha reiterado que "los corruptos tiene que pagar".

CASO DE JAUME MATAS

Así, en un comunicado, se ha referido a casos que han plasmado esa alarma social como el del expresidente de Baleares, Jaume Matas, que, condenado a nueve meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, ha solicitado el indulto porque la pena "no resulta adecuada a la justicia, equidad y proporcionalidad".

De esta manera, en estos momentos, la Fiscalía, ante el requerimiento de la Audiencia Provincial de Baleares, "apoya que el expresidente no vaya a prisión hasta que se tramite su indulto para evitar que Matas cumpla la pena en vano".

Por otra parte, el diputado socialista ha resaltado el caso del exalcalde de Torrevieja y exdiputado autonómico del PP Pedro Hernández Mateo, condenado por prevaricación y falsedad documental por el Tribunal Supremo a tres años de cárcel y nueve de inhabilitación para cargo público.

En este caso, ha destacado que la petición de indulto "ha sido promovida por un diputado del PP en el parlamento valenciano obteniendo el aval del 85 por ciento del grupo parlamentario". Hernández Mateo tampoco ha ingresado en prisión ya que ha solicitado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión hasta que Ministerio de Justicia resuelva la petición de indulto que ha elevado.

Asimismo, Puig se ha referido al caso que se ha sufrido en la Comunitat Valenciana relacionado con el indulto otorgado por el Gobierno al 'kamikaze de Polinyà del Xúquer', el conductor que mató a un joven de Alzira cuando circulaba en dirección contraria en la AP-7.

Así, ha considerado que fue "una absoluta desvergüenza" porque, ha insistido, "no se puede actuar a beneficio de aquellas personas que tienen privilegios ante la justicia". En este sentido, ha subrayado que este indulto está rodeado de "sospechas" por "la vinculación del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con un despacho de abogados". Igualmente, ha resaltado que este indulto contaba con la opinión en contra de jueces y fiscales.

Un indulto que, según ha resaltado, fue anulado finalmente por el Tribunal Supremo ya que el Gobierno ni lo ha motivado ni lo ha justificado y le advierte de que es necesario "un informe racional para evitar arbitrariedades".

CONFORMIDAD DEL MAGISTRADO O TRIBUNAL SENTENCIADOR

Para evitar casos como este, los socialistas proponen que para conceder el indulto se requiera la conformidad del magistrado o tribunal sentenciador, así como ampliar los informes que se tienen que solicitar.

Por último, plantean que el Gobierno tenga "obligatoriamente" que motivar las razones del indulto, es decir, "tiene que justificar las razones para utilizar este mecanismo excepcional para evitar una conducta arbitraria", ha argumentado Puig, quien ha remarcado que así se abre una vía de control judicial sobre las resoluciones de indulto que los socialistas quieren completar con el control parlamentario.

Por todo lo expuesto, Puig ha reiterado que "ni Hernández Mateo, ni Jaume Matas ni el kamikaze de Alzira pueden tener privilegios por encima de cualquier otro ciudadano".

Finalmente, Puig ha hecho hincapié en que la legislación actual del indulto data de 1.870 por lo que ha planteado su actualización, "para adaptarla al siglo XXI y contribuir a recuperar la confianza de los ciudadanos en la democracia en las instituciones".