Actualizado el 22/04/2022 19:15 Compartir
El Consejo Ejecutivo ha aprobado una sanción de 10.057,60 euros a una empresa por cometer una infracción urbanística en un establecimiento situado en Cavallet, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia. La promotora de las obras ilegales instaló pérgolas en una superficie de 300 m2.
“Desde el inicio de la legislatura, el equipo de Govern del Consell Insular d'Eivissa se comprometió a luchar contra el intrusismo y perseguir a los infractores urbanísticos. Esta sanción es una prueba más del trabajo que está llevando a cabo el Departamento de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias, Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo y que demuestra que la impunidad ha terminado”, ha manifestado el vicepresidente primero y consejero de Gestión del Territorio, Infraestructuras viarias, Ordenación Turística y Lucha contra el intrusismo, Mariano Juan, quien recordó que la institución insular ya está tramitando expedientes sancionadores urbanísticos por valor de 4 millones de euros.
Este expediente sancionador y de restablecimiento de disciplina urbanística del Departamento de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias, Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo establece esta multa de 10.057,60 euros por la comisión de una infracción muy grave para sustituir a la empresa pérgolas en una superficie de 300m2 en un establecimiento ubicado en Sant Josep de sa Talaia sin el correspondiente título habilitante.
Además, el Departamento de Gestión del Territorio, Infraestructuras viarias, Ordenación Turística y Lucha contra el intrusismo también ha acordado ordenar a la promotora de las obras sancionada el restablecimiento de los terrenos en el estado anterior. La empresa dispone de un plazo de tres meses para llevar a cabo la demolición de las pérgolas. El incumplimiento del orden de restablecimiento de la realidad física alterada podría suponer la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y una cuantía, en cada ocasión de 600 euros.
El Consell Insular d'Eivissa recuerda que puede llevar a cabo la ejecución subsidiaria del orden de restablecimiento en caso de que la empresa no se encargue voluntariamente de hacerlo durante el plazo establecido.
Derribo de una casa en 2021
Un ejemplo destacado de este tipo de actuaciones tuvo lugar en septiembre de 2021, cuando el Departamento de Gestión del Territorio constató el derribo de una casa ilegal que se estaba construyendo en una finca protegida, afectada por ANEI , APT de Costa y Red Natura 2000 en las cercanías de cala de Hort, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia.
Las obras consistían en un cierre perimetral realizado con un muro de hormigón de 20 cm de ancho, un metro de altura y una longitud total de 44,30 metros. También estaba la estructura de una vivienda levantada, aunque inacabada, sobre una plataforma de hormigón. Esta infraestructura ocupaba una superficie de 145 m2 divididos en 90 m2 de vivienda y 55 m2 de porche. Los técnicos del Consell Insular d'Eivissa estimaron que la construcción estaba en un 30% de su estado global de ejecución. Los hechos fueron denunciados meses antes, en marzo de 2021, y en cuestión de días se dictaminó la suspensión cautelar de las obras, dada la carencia de cartel indicativo de la obra y las declaraciones de la propiedad en las que manifestaban no tener la preceptiva licencia. Tres meses después, el expediente se resolvió con la obligatoriedad por parte de la propiedad de tener que restablecer por completo la finca y la propuesta de sanción fue de 131.590 euros.
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