El Consejo Asesor Fiscal da el visto bueno a la orden que regula el pago anticipado de la deducción por nacimiento

El Consejo Asesor Fiscal de las Illes Balears, en una reunión extraordinaria, ha dado el visto bueno este miércoles a la orden que regula el pago anticipado de la deducción fiscal por nacimiento. Esta deducción forma parte de la reforma fiscal que ha impulsado el Govern de les Illes Balears desde el inicio de la legislatura, y que se aprobó como ley en el Parlament el pasado 14 de noviembre. Hay que recordar que la deducción es de 800 € por el primer hijo, 1.000 € por el segundo, 1.200 € por el tercero y 1.400 € por el cuarto y siguientes, y el pago anticipado es una medida pionera en esta comunidad autónoma.

Después de que el Consejo Asesor Fiscal haya dado luz verde, como órgano consultivo y preceptivo de la política tributaria de las Illes Balears, de forma inminente se podrá reclamar el pago anticipado de la deducción, con carácter retroactivo a 1 de enero del 2024. Por lo tanto, no se tendrá que esperar a presentar la declaración de la renta que se tendrá que realizar el próximo año. La deducción será aplicable para rentas menores de 33.000 € en declaración individual, y de 52.800 € en declaración conjunta.

“Con la aprobación de la Ley 11/2023 se creó esta nueva deducción. Con los casos de niños y niñas nacidos durante el 2023, los padres se han podido aplicar la deducción en la declaración del IRPF que se ha tenido que presentar recientemente. Cuando se apruebe la orden definitivamente, la deducción también se podrá adelantar”, ha declarado el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern de les Illes Balears, Antoni Costa, después de finalizar la reunión.

El Consejo Asesor Fiscal, que se creó a partir de la aprobación de la Ley 12/2023, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se reunió por primera vez el pasado 28 de junio. Este órgano es el encargado de analizar y diseñar la política tributaria y la política global de los ingresos públicos, y tiene dos objetivos fundamentales: por un lado, aumentar la participación de todos los agentes implicados en el ámbito tributario de las Illes Balears para la toma de decisiones, y, por otro lado, aumentar la seguridad jurídica.