Actualizado el 08/07/2024 15:54 Compartir
La Federación asegura que en estos momentos el Ministerio que dirige Yolanda Díaz no tiene en cuenta aspectos tan importantes como la mejora de la productividad, el absentismo, la reducción de la altísima incidencia de las bajas laborales, la falta de profesionales y de perfiles cualificados, la dificultad de cobertura de determinados puestos de trabajo, reducir el paro y mejorar los tiempos de trabajo pactado.
La patronal mallorquina ha mantenido que esta medida tendrá un impacto más grande en las micro y pequeñas empresas, tal como indican varios estudios como el del BBVA Research o los indicadores de la OCDE y el INE. Los estudios realizados por estas instituciones apuntan a que no se puede restar más capacidad de crecimiento empresarial y a su vez, la Federación añade que en el caso de Balears se puede generar además el impacto que supone para una economía basada en el turismo y con una marcada estacionalidad y donde
Sobre los impactos que puedan tener estas medidas PIMEM pide tener en cuenta las experiencias vividas en otros países donde la fuerza de la negociación colectiva para mejorar los aspectos negativos de la reducción de la jornada laboral ha dado sus frutos. El presidente de PIMEM, Jordi Mora, recuerda que “lo demuestra el caso de Alemania, que, con una jornada legal máxima alta, tiene un número efectivo de horas de trabajo más bajo y unos indicadores de productividad mucho mejores que los nuestros. Pero es que no podemos olvidar que a nivel de productividad nuestro Estado está a los niveles de Turquía”.
Algunos sectores de la PIMEM han recordado a la Federación que “las pymes y las personas autónomas continúan haciendo frente a elevados costes empresariales a consecuencia de las diferentes crisis de los últimos años, la tensión inflacionaria y el incremento de las cotizaciones sociales”. Mora añade que “a estas constantes comunicaciones internas que nos llegan por parte de nuestros socios desde la patronal pedimos seguir con el aumento de los recursos que se tienen que destinar a cumplir normativas y otras obligaciones, hecho que se complicaría todavía más con un endurecimiento del registro horario”.
PIMEM, como ha ido comunicando desde hace meses, asegura que en relación con el hecho de que esta medida también comportará la necesidad de incorporar trabajadores y trabajadoras para cubrir las horas de trabajo, sólo puede empeorar la situación ya que hay sectores con dificultades para encontrar profesionales.
Finalmente, la patronal mallorquina pide que los gobiernos garanticen las dotaciones presupuestarias necesarias para asumir el incremento de costes que tiene que comportar en los contratos públicos y en todo el resto de instrumentos de colaboración pública y privada donde hay un uso intensivo de mano de obra, en muchos de los cuales el impacto económico de la medida supera el margen previsto en el instrumento de colaboración.
Propuestas de PIMEM
Dentro del conjunto de PIMEM asegura que se deben tener en cuenta los planes para la mejora de la productividad y medidas para la reducción del absentismo laboral, así como la gestión de bajas laborales. Para la Federación se hace indispensable la mejora del tiempo de trabajo y eventualmente, la reducción de la jornada, se vehiculen a través de la negociación colectiva, respetando su autonomía y adaptación flexible de las medidas, así como haciendo seguimiento de las mejoras generalizadas.
Por otra parte, PIMEM también pide que los beneficios de cualquier medida tienen que ser compartidos, como también el coste que haya que asumir, siendo absolutamente impensable que una medida como esta pueda o tenga que ser asumida solo por las empresas. En este sentido Jordi Mora asegura que “es fundamental la puesta en marcha de incentivos fiscales y bonificaciones a la Seguridad Social para compensar los costes por parte de las empresas y no generar un efecto inflacionario”
Finalmente, u en cuanto a la contratación pública la patronal mallorquina cree indispensable que cualquier norma que se adopte comporte el principio de corresponsabilidad de las administraciones, con la posibilidad de adaptación automática de precios para evitar el desequilibrio en la relación pública y privada por la aplicación de la medida y evitar problemáticas como las surgidas con el SMI.
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