Actualizado el 16/02/2014 12:16 Compartir
Este bono social consiste en la congelación de la tarifa eléctrica, que queda en niveles de 2009, para potencias inferiores a 3 kilovatios (kW), pensiones mínimas, familias numerosas y familias con todos los miembros en el paro. El borrador de real decreto de la actual reforma energética, aún no publicado, añade a estos requisitos otro condicionado a la renta.
Al consistir en una congelación con respecto al precio de hace cinco años, cualquier subida de la tarifa mejora el descuento de la ayuda. El informe de la CNMC indica que, con precios de septiembre de 2013, la rebaja es del 25,6%, ya que los usuarios con tarifa pagan 18 céntimos por kilovatio hora (kWh) y los beneficiarios del bono social, 13,4 céntimos.
Este descuento es en realidad mayor en la actualidad, ya que desde septiembre del año pasado se han producido dos subidas del recibo eléctrico, una del 3,1% en octubre y otra del 2,3% en enero, cuando el Gobierno, tras suspender la subasta eléctrica de diciembre, elevó un 0,9% la parte regulada de los peajes y un 1,4% la referida al coste de la energía.
El informe del regulador aprecia además un descenso en el número de acogidos al bono social del 4,8%, provocado por la reducción en el número de consumidores con potencias inferiores a 3 kW. De los 2,5 millones de beneficiarios, este grupo concentraba 2 millones en septiembre de 2013, un 5,6% menos que el ejercicio anterior.
El número de pensionistas con bono social también baja, en un 7,4%, y se sitúa en 282.807, lo que contrasta con el incremento del 21% entre las familias con todos los miembros en paro, hasta 43.125, y del 8,4% entre las familias numerosas, hasta 146.011.
De esta forma, el bono social se distribuía a finales de 2013 a razón de un 80% para las potencias inferiores a 3 kW, un 11,2% para pensionistas, un 5,8% para familias numerosas y un 1,7% para desempleados.
De todos los consumidores con derecho a tarifa regulada, un 10% disfrutaba del bono social, lo que supone un porcentaje parecido al de septiembre de 2012, aunque por debajo de la tasa máxima del 12,5% alcanzada en el primer trimestre de 2010.
El bono social fue inicialmente financiado por las cinco grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros al año, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón.
Tra cargar de forma provisional esta ayuda sobre el conjunto del sistema eléctrica, el Gobierno ha corregido los defectos que provocaron la sentencia del Supremo y ha trasladado su coste sobre el conjunto de empresas con actividades simultáneas de producción, distribución y comercialización, que son 27.
En todo caso, las cinco grandes eléctricas, dado su número de puntos de suministro, serán las encargadas de financiar cerca del 99% del nuevo bono social, cuyo coste anual ronda ya los 228,4 millones.
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