El PSIB-PSOE exige Galmés paralizar el traslado del estiércol de Ibiza si no hay garantías de seguridad

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha denunciado hoy lo que considera "el atentado ambiental de Mallorca", en referencia al traslado de residuos de Ibiza a la isla para su incineración, si éste se efectúa de acuerdo a lo acordado entre los dos consejos insulares. La portavoz socialista, Catalina Cladera, ha afirmado que el PP y Vox "han decidido gobernar a escondidas, con opacidad absoluta y rebajando las garantías ambientales que ellos mismos habían fijado, y Galmés se ha plegado a lo que ha impuesto Ibiza". La consejera Juana M. Adrover ha advertido que los informes que maneja el Consell de Mallorca son de TIRME, "que son informes de parte, no independientes, y que responden a los intereses de la empresa que pretende lucrarse con el estiércol".

Los socialistas acusan a Galmés y Bestard de opacidad, improvisación y rebaja de las condiciones ambientales, y reclaman transparencia inmediata y control público efectivo, en relación con el proyecto de traslado de estiércol de Ibiza hacia Mallorca para su tratamiento e incineración en la planta de Son Reus.

Cladera ha explicado que, después de meses de silencios y evasivas, esta semana se ha dado acceso al expediente, pero que todavía hay "demasiadas cosas que esconder". Según ha dicho, "el Consell de Mallorca ha trabajado de espaldas a la ciudadanía, ocultando información esencial sobre las condiciones del convenio, el impacto ambiental y el impacto económico".

La portavoz ha advertido de que el convenio del plan piloto permite el transporte de residuos "al por mayor", sin embalar, pese a que los informes iniciales recomendaban que todo el residuo se enviara en balas retractiladas. "Hablamos de malos olores, de lixiviados, de riesgos sanitarios y de molestias evidentes para la ciudadanía. Y lo peor es que nadie lo explica con claridad".

Por este motivo, Cladera ha exigido Galmés que "paralice el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca hasta que no se garantice que los residuos lleguen limpios a Mallorca". Cladera ha alertado de que además, el plan piloto para la importación de residuos podría alargarse más allá de los dos años pactados. "El acuerdo entre los consejos se supedita a la entrada en vigor del plan director sectorial en Ibiza, y esto se puede alargar y mientras tanto, el estiércol seguirá llegando", ha dicho.

Ante todo esto los socialistas han exigido a Galmés a que comparezca para dar las explicaciones que ha obviado hacer hasta la fecha. "Galmés debe explicar la situación a los mallorquines, se debe plantar y debe exigir que el traslado del estiércol se haga en las mejores condiciones de seguridad, porque Mallorca no puede volver a convertirse en el estercolero de Europa".

El Grupo Socialista ha exigido Galmés dé explicaciones tanto sobre el traslado de residuos como sobre el caso Bestard. "Es una paradoja que el caso del estiércol afecte precisamente al área de Bestard, un conseller que no tiene capacidad ni para explicar nada de su propio caso", ha dicho Cladera.

La consejera socialista Juana M. Adrover ha advertido que "la situación es igualmente preocupante". Ha explicado que toda la capacidad de Son Reus se ha justificado con informes de TIRME, "que son informes de parto, no independientes, y que responden a los intereses de la empresa que pretende lucrarse con el estiércol". También ha señalado que "no hay ninguna auditoría externa, ninguna verificación independiente, ninguna comprobación del margen real en caso de averías o puntas de entrada". Ha remarcado que el convenio "rebaja las garantías ambientales y autoriza el transporte a granel", lo que "aumenta el riesgo de fugas, olores, lixiviados y problemas durante el transporte y la manipulación". Además, "no hay ninguna evaluación pública del impacto acumulado: tráfico portuario, tráfico por carretera, ruido, huella logística o gestión de escorias".

En el ámbito económico, Adrover ha calificado el relato oficial de "insostenible". Recordó que la memoria económica reconoce una repercusión de 17,2 millones de euros en dos años, sin incluir la amortización de la nave de almacenamiento prevista en Son Reus. "Y el propio presidente de Eivissa ha admitido que los 50 millones que aportarán Eivissa y el Govern irán directamente a TIRME. En paralelo, en sólo dos años de legislatura, Galmés ha vertido 62 millones de euros a TIRME simplemente para dejar la tarifa de estiércol al igual que en 2023".

Adrover también ha denunciado que "no hay protocolos claros en caso de avería" y que el expediente no incluye la versión firmada del convenio por los presidentes de ambos consejos. La consellera ha defendido "un paquete cerrado de exigencias objetivas y verificables: un tope volumétrico anual y mensual, una cláusula de reversión automática si hay incidencias, una suspensión inmediata si falla el cumplimiento, una auditoría externa obligatoria, una revisión semestral con datos reales y una fecha de caducidad cierta". Ha resumido que "esto es lo que pedimos: control, garantías y transparencia".