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Cort realojará a las familias de Son Banya por toda Palma menos en los cinco barrios 'más vulnerables'

Cort realojará a las familias de Son Banya por toda Palma menos en los cinco barrios 'más vulnerables'

Actualizado el 11/08/2017 14:02                Compartir

La regidora de Bienestar y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Palma, Mercè Borràs, ha anunciado que se realojará a las familias de Son Banya por todos los barrios de Palma menos en Son Gotleu, La Soledad, Llevant, Verge del Lluc y Son Ximelis, los cinco barrios considerados "más vulnerables".

Así lo ha declarado este viernes en una rueda de prensa en la que ha explicado que el Consistorio ha pedido a la Justicia una prórroga hasta el primer trimestre de 2018 en la fecha límite de desalojo de las 45 familias, fijada en estos momentos para el 5 de octubre de 2017.

Según ha explicado Borràs, este aplazamiento fue pedido a través de un informe realizado en junio, puesto que en el dispositivo intervienen diferentes administraciones. "Todo necesita su tiempo y un poco más de tiempo nos da tranquilidad", ha añadido.

No obstante, ha aclarado que el Consistorio lleva trabajando en el asunto desde principios de 2017 y ha asegurado que están "preparados" para atender la situación cuando llegue. También ha indicado que el proceso se inició en 2008, por lo que están terminando "un trabajo inacabado".

Por otra parte, de estas 45 familias con orden de desalojo -unas 60 personas en total-, Cort ha detectado 15 sin domicilio alternativo, con las que se reunirá de forma individual para concretar su plan de realojo e inserción social. El resto, tienen otras viviendas a las que pueden mudarse.

El objetivo del Ayuntamiento es que todas las reubicaciones vayan acompañadas de un plan de reinserción, teniendo prioridad por las familias con niños, si bien "la meta es acabar con el poblado de Son Banya", tal y como ha afirmado la regidora de Bienestar.

En total, en Son Banya viven actualmente 117 familias, que en total suponen entre 450 y 600 personas, un número difícil de determinar porque no tienen el derecho a empadronarse, según el Ayuntamiento, y de las cuales unas 200 personas serían menores de edad.


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