Alianza Mar Blava denuncia al Gobierno de España ante la Comisión Europea

La Alianza Mar Blava ha registrado una queja ante la Comisión Europea por la vulneración del Derecho comunitario por parte del Gobierno de España en la tramitación ambiental de los proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en marcha en el entorno de las Islas Baleares.

Los hechos denunciados son la actuación, contraria a la normativa de la Unión Europea, del Gobierno de España en la gestión de las autorizaciones de operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro en la parte española de la subregión marina del Mediterráneo Occidental.

El Gobierno español ha ignorado de forma deliberada el ejercicio formal de la planificación y programación de hidrocarburos y con ello su evaluación ambiental estratégica de los efectos sobre el medio ambiente.

El Gobierno de España ha incumplido e incumple, al menos, las normas que se indican por los hechos que se señalan:

• el artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, al no haber sometido el Programa de Exploraciones Acumuladas y el Programa Común de Exploración de Cairn Energy en el golfo de Valencia a un proceso de evaluación ambiental antes de su adopción;

• los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, al no haber sometido el Programa de Exploraciones Acumuladas y el Programa Común de Exploración de Cairn Energy en el golfo de Valencia a un proceso de evaluación ambiental estratégica antes de su adopción;

• el artículo 2 de la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003 por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/ CE del Consejo y el artículo 7 del Convenio de Aarhus de 1998 adoptado en la Unión Europea por Decisión 2005/370/CE al omitir la participación pública en los citados procesos de evaluación ambiental;