Cort mantendrá la Oficina del Defensor de la Ciudadanía tras las críticas por su desmantelamiento

El Ayuntamiento de Palma mantendrá la Oficina del Defensor de la Ciudadanía según han acordado los grupos municipales, a instancias del PSIB-PSOE, tras las críticas de la oposición sobre el desmantelamiento de la oficina, que "se hizo patente con la reducción de 60.000 euros en el presupuesto para 2013 y la reducción de personal". La formación socialista ha informado este jueves en un comunicado que el Consistorio ha llegado a este acuerdo con "la firme voluntad de cumplir con la Ley de Capitalidad y los reglamentos municipales de derechos de la ciudadanía y participación ciudadana".
Según han indicado, la comisión municipal de quejas y sugerencias ha aprobado por unanimidad la propuesta defendida por la regidora socialista Begoña Sánchez, aunque, según reprochan, "el PP no ha querido suscribir el acuerdo de nombrar en el plazo de tres meses a un nuevo Defensor de la Ciudadanía de Palma, cargo que está vacante desde la muerte de Miquel Lladó en febrero de 2012".
Sánchez ha propuesto también el traslado de la oficina, dado que ha finalizado el alquiler del local donde está ubicada "y el PP no tiene alternativa", a un local municipal en la calle Sant Pere que fue reformado en 2011, posibilidad que el equipo de gobierno se ha comprometido a estudiar.