La Audiencia aplaza al 22 de febrero el juicio contra Munar y otros 17 acusados por captar votos con dinero público

La Audiencia Provincial de Baleares ha aplazado al próximo 22 de febrero el juicio previsto contra la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar y a otros 17 acusados por urdir una trama con la que habrían desviado más de 430.000 euros públicos mediante la contratación, con fondos de la Institución insular, de una treintena trabajadores que en realidad se dedicaban a realizar labores particulares y buscar votos en favor de Unió Mallorquina (UM).

Mediante una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal de la Sección Segunda ha estimado la petición de la defensa de Munar de que la vista oral, fijada inicialmente a partir del 11 de enero, fuera pospuesta al coincidir con otro señalamiento en la Audiencia Nacional. El arranque del juicio coincidía asimismo con el del caso Nóos, en el que también 18 procesados, entre quienes se encuentra la Infanta Cristina, se sentarán en el banquillo.

En concreto, el juicio ha sido fijado para los días 22, 23, 24, 25 y 26 de febrero, 7, 8, 9, 10 y 11 de marzo y, finalmente, para el 22 de ese mismo mes. Todas las jornadas darán comienzo a partir de las 9.45 horas.

En el marco de estas pesquisas, la Fiscalía Anticorrupción reclama ocho años de prisión para Munar -quien cumple en la cárcel de Palma dos condenas que suman once años y medio de prisión-, mientras que solicita siete y medio para el exvicepresidente insular Miquel Nadal, el exconseller de Turismo del Govern Francesc Buils y el exconseller de Hacienda Miquel Àngel Flaquer.

Junto a los anteriores exdirigentes de la extinta UM se sentarán en el banquillo la exportavoz de la formación regionalista Catalina Julve, el exdirector general de Relaciones Institucionales Josep Lliteres, la exsecretaria técnica de Nadal, Eugenia Cañellas, la exsecretaria personal de aquél, Antònia Vidal, y el exgerente del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) Eugenio Losada.

Asimismo, serán juzgados la expresidenta de la Junta Local de UM en Calvià Maria José Rodríguez, el exconseller de Deportes del Govern Mateu Cañellas, la exadministradora del Cilma Susana Mas, y los también acusados Antonio Segura, Maria Esperanza Massanet, Coloma Castañer, Pedro Mir, Antonio Moragues y Lucas Colom.

La acusación pública les atribuye la comisión de delitos de asociación ilícita (achacando a UM el carácter de "organización criminal"), malversación, prevaricación y tráfico de influencias, por los que reclama en total 95 años de prisión.

Tal y como apunta la Fiscalía, pese a estar a sueldo del Cilma, dependiente del Consell, los militantes 'uemitas' no llegaron a acudir a su puesto de trabajo sino que se habrían dedicado a trabajar para el partido, sufragando de este modo la Institución insular "a trabajadores privados de UM".

Es más, los fiscales sostienen que exaltos cargos insulares como Nadal favorecieron la contratación irregular de estos empleados con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación.

El Ministerio Público subraya cómo Munar, exdirigente histórica de UM, ocupaba la posición de "líder o jefa-directora" de una estructura jerárquica "perfectamente organizada" para desviar fondos, estableciendo "las líneas maestras del funcionamiento de dicho grupo delictivo e impartiendo las correspondientes instrucciones a sus subordinados".

La jueza instructora, Carmen Abrines, interrogó a varios de estos empleados 'fantasma' a petición del fiscal Miguel Ángel Subirán después de que el exgerente del Cilma aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos trabajadores presuntamente colocados a instancias de los exaltos cargos de UM.

En total, según la documentación que fue entregada por Losada -también acusado-, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales.

MUNAR ASEGURÓ NO TENER "NADA QUE VER" CON LAS CONTRATACIONES

Cabe recordar que Munar, quien compareció de manera voluntaria ante la jueza, aseguró que no tiene "nada que ver" con la contratación de empleados por parte del Cilma. Mientras, tanto Nadal como su secretaria personal y la de Francesc Buils, se acogieron a su derecho de no declarar ante la magistrada cuando iban a ser interrogados por estos hechos en calidad de imputados.

Otras causas, como Picnic, también centran sus investigaciones en la contratación de personas afines a UM a través de distintos departamentos municipales a pesar de que realmente se dedicaban a captar votos para el partido nacionalista.

También otros procedimientos indagan la supuesta captación de votos por parte del partido y la posterior contratación irregular de distintas personas, principalmente pertenecientes a colectivos sudamericanos, en organismos públicos y empresas privadas por haber votado a la formación, disuelta en febrero de 2011 a raíz de las numerosas causas de presunta corrupción que pesaban a sus espaldas.