El juez reanuda este miércoles las pesquisas sobre la financiación ilegal de UM con la declaración del dueño de Trui

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, Miquel Florit, reanudará este miércoles los interrogatorios en torno a la supuesta financiación ilegal de Unió Mallorquina (UM) y el pago de comisiones por parte de empresas contratistas de la Administración. Lo hará con la declaración del dueño del Grup Trui, principal promotor de espectáculos en Baleares.

Tal y como han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el empresario, Miquel Jaume, está citado en calidad de testigo a partir de las 10.30 horas para ser interpelado en el marco de una causa abierta a finales de 2012 contra una quincena de exdirigentes de la extinta formación regionalista, entre quienes se encuentra la que fuera su histórica líder, Maria Antònia Munar.

La citación se produce después de que un miembro de UM apuntase en su día a que la exconsellera de Medio Ambiente del Consell de Mallorca y exportavoz del partido Catalina Julve había recibido dádivas por parte del propietario de Trui, un extremo que la exalto cargo negó ante el juez al asegurar que jamás ha exigido comisiones por la adjudicación de contratos.

"No tengo ni idea de cómo se nutría el partido ni si había aportaciones anónimas", manifestó tajante Julve, quien subrayó que en los cuatro años en que ha ostentado un cargo público "nunca nadie me ha pedido dinero ni nunca nadie me lo ha ofrecido".

En el marco de estas investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción apunta a cómo los integrantes de UM que componían la cúpula del partido exigían de común acuerdo comisiones de entre el 3 y el 10 por ciento a las distintas empresas que contrataban con la Administración.

Las mercantiles se veían así obligadas a abonar las dádivas si querían obtener garantías de que iban a ser ellas las beneficiarias de las contrataciones. De este modo es como los querellados, por sí mismos o "con la influencia que tenían en las administraciones por su pertenencia a UM", lograban favorecer con concesiones públicas a estas empresas.

Según el escrito del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, también conseguían que la Administración abonase un precio superior al de mercado para que el pago de comisiones no perjudicase a los contratistas, al tiempo que idearon la gestión de los fondos que procedían de las dádivas o contraprestaciones ilegales, destinando parte de los mismos a UM.

SIMULARON FALSOS DONATIVOS Y VENTA DE LOTERÍA

Tal y como postulan los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán, estos fondos eran ocultados tanto a Hacienda como a las autoridades competentes, mientras que impulsaron fórmulas para que el dinero aflorara y se integrase en la contabilidad "oficial" del partido mediante la simulación de aportaciones voluntarias o venta de lotería.

El Ministerio Público considera indiciariamente acreditada la mecánica de falsos donativos, pagos de servicios sin facturas e ingresos a cuenta de loterías.

En concreto, sobre los imputados pesan los supuestos delitos de cohecho, malversación, fraude a la administración, prevaricación, blanqueo de capitales, delito electoral y asociación ilícita.