Actualizado el 28/02/2014 21:03 Compartir
En concreto, el Ministerio Público le acusa de presuntos delitos de malversación continuada, falsedad en documento mercantil, prevaricación, fraude a la administración y cohecho pasivo. Será la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares la encargada de enjuiciar a Collado, quien se sentará en el banquillo junto a cuatro proveedores de la Funeraria, quienes por su parte se enfrentan a peticiones de entre tres años y cinco años de cárcel.
También se encuentra acusada la mujer de Collado, Francisca Moll, en su caso como responsable civil a título lucrativo, puesto que si bien desconocía el origen ilícito del dinero y los fondos que obtenía su esposo se aprovechó de los beneficios que éste obtuvo. Así, mientras que en el caso del exgerente se solicita que indemnice a la Funeraria con el pago de 1,2 millones de euros por los perjuicios ocasionados, la acusación reclama para su esposa el pago de 770.787 euros (fondos de los que Collado se habría apropiado en su propio beneficio).
Tal y como relata la acusación pública en su escrito de calificación provisional, Collado buscó enriquecerse a través de diferentes vías: presentando facturas inveraces o fraudulentamente alteradas por servicios inexistentes; apoderándose de cantidades que los particulares le entregaban; incrementando artificialmente el precio de los servicios prestados por los contratistas de la empresa y beneficiándose de este sobrecoste, o percibiendo comisiones.
Así, entre las conductas desplegadas, el acusado se apropió presuntamente de entre 42.000 y 87.000 euros de la Funeraria tras recibir estas cantidades en metálico por la compra de tumbas, fondos que evitaba incorporar como ingresos de la empresa.
Del mismo modo, sostiene la Fiscalía, el procesado gastó "ingentes" cantidades de dinero público en beneficio propio, de acuerdo al escrito de la Fiscalía. Así, en comidas en numerosos restaurantes de Mallorca desembolsó hasta 60.000 euros, mientras que repercutió a la Funeraria gastos de gasolina y viajes que nada tenían que ver con la actividad de la empresa, entre los que se encuentra un viaje con su esposa a Chicago por 3.069 euros.
En esta línea, Collado, careciendo de competencia para ello, contrató seguros de vida en beneficio propio cargándolo a la sociedad municipal por valor de 30.000 euros. Finalmente, habría manipulado numerosos tickets y facturas haciendo figurar cantidades superiores a las realmente pagadas por él, en relación entre otras a clases de inglés, lo que supuso un perjuicio de unos 3.000 euros.
Mientras tanto, el exresponsable de la Funeraria hacía que sistemáticamente la empresa pagase a algunos proveedores un precio superior al del mercado, como sucedió con otro de los acusados, Wenceslao Lamas. De hecho, entre 2004 y 2007 la Funeraria habría sufrido un perjuicio de hasta 198.615 euros a través de este mecanismo.
El exgerente también realizó una solicitud "inusual" de stock de féretros al mismo proveedor, según el fiscal Juan Carrau, quien apunta que el encargo "era tan exagerado en el número de adquisiciones que resultó absolutamente injustificado" para el gerente que posteriormente le sustituyó, ya que "ni siquiera se justificaría por una eventual catástrofe". El volumen de ventas que este inculpado realizó a la empresa entre 2003 y 2007 supera los dos millones de euros.
A cambio, el exalto cargo exigió supuestamente al proveedor el pago de una contraprestación por realizar estas adjudicaciones beneficiosas para su empresa. Un pago que se llevó a cabo mediante la adquisición, a nombre de Collado pero sufragada por Lamas, de 3.000 activos de Funespaña que posteriormente fueron vendidos por 23.108 euros.
Hasta el momento, Collado se ha desvinculado de esta presunta trama de corrupción al negar haber cobrado comisiones a proveedores de la compañía pública, y rechaza haberse lucrado con la compra-venta de tumbas y ataúdes a través de la Funeraria. Es más, defiende que los gastos supuestamente privados que se le detectaron con cargo a las cuentas de la empresa "eran por representación".
Cabe recordar que las pesquisas se iniciaron después de que el Ayuntamiento de Palma detectara una serie de facturas y contratos irregulares en la Funeraria que fueron puestos en manos de la Fiscalía al considerar que presentaban indicios de irregularidad.
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