El exasesor jurídico del Ibatur considera un 'error terrorífico' haber desviado 95.000 euros públicos a sus familia

El exsecretario y exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) -empresa dependiente del Govern- Miquel Àngel Bonet, quien desde este martes se sienta en el banquillo por haber desviado hasta 95.536 euros a las cuentas corrientes de sus familiares sin contraprestación alguna, ha reconocido que cometió con ello un "error terrorífico" del que se arrepiente "profundamente" y ha justificado que los hechos sucedieron en una época en la que "no era yo mismo".

En su declaración ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, el acusado, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de prisión, ha manifestado, visiblemente afectado, que desde que fue detenido por primera vez justo hoy hace cinco años -el 12 de febrero de 2009-, "lo único que he tratado ha sido reparar el daño en la medida de lo posible, y pedir perdón por quienes han tenido que sufrir por lo que hice", ha reconocido entre lágrimas.

"Reconozco que obré mal, inducido por unos años muy malos de mi vida", ha incidido el inculpado, quien se encuentra además imputado en otros casos de presunta corrupción, entre los que se encuentra el caso Nóos a raíz de su intervención en la adjudicación presuntamente irregular de los eventos Illes Balears Forum, cuya organización corrió a cargo del Instituto Nóos, presidido entonces por Iñaki Urdangarin por un total de 2,3 millones de euros públicos, parte de cuyo destino se desconoce.

En concreto, Bonet es el primer imputado del caso Ibatur (centrado en el presunto desvío masivo de fondos a través de esta empresa pública durante dos legislaturas -de 2003 a 2011-) que se sienta en el banquillo, y junto a él están siendo juzgados cuatro familiares que resultaron beneficiados de esta supuesta trama, quienes se enfrentan por su parte a un año y tres meses de prisión cada uno.

La Fiscalía, a cuyo escrito de calificación se ha adhirió la abogacía autonómica, acusa a Bonet de los delitos de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documentos mercantiles y falsedad por funcionario, a los que pide que se aplique la atenuante de confesión.

Y es que, según postula el Ministerio Público, durante la segunda legislatura de Jaume Matas (2003-2007) Bonet llevó a cabo las gestiones necesarias para que se crearan expedientes de contratación pública y que éstos fuesen sufragados por el Ibatur sin que se realizase a cambio contraprestación o servicio alguno. Para ello, confeccionó expedientes de contratos menores en los que simulaba que los acusados eran contratados para prestar trabajos a la Administración que en realidad nunca se hicieron.

Unos inexistentes servicios que eran facturados al Ibatur para luego, una vez obtenido el pago, ser incorporado al patrimonio de los imputados, tal y como relata la Fiscalía en su escrito de calificación. Así, Bonet tramitó el pago de 20.543 euros al acusado Alberto Garí; 32.306 euros en favor de Cristina Middelmann; 20.668 euros a Margarita Fiol -en una cuenta en la que también figuraba María Teresa F.N., de 97 años de edad y que no tuvo participación en los hechos-, y 22.018 euros a Silvina Guijarro.

En total, 95.536 euros que fueron supuestamente desviados a las cuentas corrientes de estos acusados sin que a cambio se prestase contraprestación o servicio alguno por estos expedientes.