Actualizado el 15/10/2013 16:34 Compartir
Las investigaciones se iniciaron a finales de 2012 cuando los Mossos detectaron que había un grupo muy activo que se dedicaba a robos a gran escala, y paralelamente la Guardia Civil investigaba otros robos.
Ambos cuerpos determinaron que se trataba de los mismos delincuentes y establecieron un equipo de investigación conjunto, que averiguó que se trataba de una estructura jerarquizada, donde cada uno de sus miembros tenía una función bien definida.
El grado de sofisticación de la organización era muy elevado y habitualmente actuaban en grupos de tres y cuatro personas con conocimientos de las tareas a realizar y el uso de las herramientas para cometer los robos.
Generalmente, eran integrantes de estos grupos los que se encargaban de las localizaciones y los estudios de los posibles objetivos, y había ocasiones en los que días antes de cometer los robos accedían a la empresa para saber la situación de los sistemas de seguridad.
Los detenidos se hacían pasar por operarios de las empresas de comunicaciones, posibles clientes e incluso a veces accedían al objetivo para hacer entrega de un currículum, y luego se repartían las funciones.
En algunas ocasiones, llegaron a hacer sonar las alarmas previamente para determinar el tiempo de respuesta a la amenaza de la empresa de seguridad, y podían inutilizar los sistemas de videovigilancia o robaban las imágenes de seguridad grabadas.
La búsqueda de las empresas objetivos de los robos se hacía bajo el criterio de que el género se pudiera vender con facilidad en el mercado negro --material informático y perfumería de alta gama--, y el material sustraído en todos sus golpes puede superar el millón y medio de euros.
Alguno de los autores materiales de los robos residían en la provincia de Barcelona mientras que el resto lo hacía en diferentes puntos del resto del Estado, y los encargados de tomar decisiones, la forma en que se había de cometer el robo, quién participaba y cómo se hacía la tomaban arrestados que residían en Madrid.
La mayor parte de los arrestos se produjeron durante el mes de junio en Barcelona, aunque el último de ellos se realizó a finales de septiembre, y en total se detuvieron 21 personas en Cataluña, Madrid, Asturias y Baleares como presuntos autores de 11 robos en empresas, además de varios de vehículos.
En paralelo a las investigaciones por robos, los policías tuvieron conocimiento de que algunos de los investigados estaban cultivando y traficando con marihuana, y en dos registros en enero se intervinieron 1.000 plantas de marihuana en Ripollet y Rubí (Barcelona).
De los 21 detenidos en la operación conjunta, el juez ha decretado el ingreso para dos de ellos y la libertad con cargos para el resto.
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