Prohens anuncia en la IV Conferencia de Presidentes la movilización de un paquete social de 15 millones de euros para paliar los efectos del conflicto en Oriente Próximo

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, ha anunciado durante la IV Conferencia de Presidentes de la legislatura, celebrada en Formentera, la movilización de un paquete social de 15 millones de euros destinado a paliar en las Illes Balears los efectos económicos y sociales derivados del conflicto en Oriente Próximo.

Prohens ha explicado que estas medidas complementarán el primer paquete económico de 160 millones de euros aprobado recientemente por el Govern para proteger a los sectores económicos, las pymes y los autónomos ante el contexto de incertidumbre internacional y el aumento de la inflación.

La presidenta ha agradecido la colaboración y la lealtad institucional de los cuatro presidentes de los consells insulares —el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca; el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas—, con quienes se ha analizado el paquete de medidas, dividido en cinco bloques de actuación.

En primer lugar, se destinarán 5,7 millones de euros a ayudas directas para familias. Entre las principales medidas destacan el incremento de las becas comedor hasta los 11 millones de euros; ayudas de hasta 1.000 euros para gastos de conciliación; la ampliación de las ayudas para libros y material escolar; el refuerzo del fondo escolar de emergencia social; el aumento del bono social térmico en un 30 % de su importe, y la revalorización extraordinaria del 15 % de la pensión no contributiva, la renta social garantizada y la renta de emancipación.

El segundo bloque contempla una inversión de 3 millones de euros para reforzar los servicios sociales municipales, con nuevos fondos destinados a los servicios comunitarios y a la atención de familias con menores en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, el Govern destinará 2,35 millones de euros al tercer sector social para compensar sobrecostes y ampliar programas de atención a personas con discapacidad, dependencia, trastornos mentales, enfermedades neurodegenerativas o menores en situación de vulnerabilidad, además de ampliar los fondos destinados al programa de garantía alimentaria.

El cuarto bloque prevé 1,51 millones de euros para garantizar recursos residenciales y de vivienda dirigidos a colectivos especialmente vulnerables, tales como personas con discapacidad, víctimas de violencia machista, personas mayores en riesgo de exclusión social o personas con problemas de salud mental.

Finalmente, el quinto bloque incluye 2,6 millones de euros destinados a medidas para agilizar la tramitación de ayudas y prestaciones sociales mediante el refuerzo de personal administrativo y el impulso de la ventanilla social única, como instrumento para acercar los servicios sociales a los ciudadanos y potenciar la agilidad administrativa y las sinergias entre los servicios sociales comunitarios y los especializados, evitando los desplazamientos entre distintas administraciones que a menudo implica el acceso a los recursos.

«Son medidas concretas y cuantificadas para proteger a las familias, a los colectivos más vulnerables, a los ayuntamientos y al tercer sector», ha destacado la presidenta.

Por parte del Govern también han participado en el encuentro la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas; la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández; el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente.

Transporte público y vivienda

Durante la reunión, los presidentes de los consells insulares también han abordado la situación de la vivienda en las diferentes islas y las previsiones de la temporada turística.

Prohens ha afirmado que durante la reunión se ha dedicado especial atención al transporte público, ya que «pese a los esfuerzos realizados tanto por el Govern —a través de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, y del Consorcio del Transporte de Mallorca, que ha invertido 150 millones de euros en la ampliación de líneas y frecuencias del bus TIB en Mallorca— como por parte de los consells insulares, y que han supuesto una mejora de los servicios, hemos detectado líneas y frecuencias concretas con una presión especial que puede generar incomodidades para los residentes».

Por ello, la presidenta ha anunciado el acuerdo alcanzado con los presidentes de los cuatro consells y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad para estudiar fórmulas legalmente viables que permitan garantizar el acceso de los residentes a estas líneas y frecuencias donde pueden encontrarse mayores dificultades.

La presidenta también ha defendido la necesidad de modificar el Reglamento estatal de costas y ha reiterado que el Govern prevé aprobar antes de este verano el proyecto de ley balear de costas para proteger infraestructuras y edificaciones tradicionales del litoral balear dentro del ámbito competencial autonómico.

La Conferencia de Presidentes ha concluido con el compromiso de mantener la coordinación institucional entre el Govern y los consells insulares para afrontar conjuntamente los principales retos sociales y económicos de las Illes Balears.

Crisis migratoria

Asimismo, durante la Conferencia de Presidentes también se ha abordado la crisis migratoria que atraviesan las Illes Balears, una situación que, según ha señalado la presidenta, «se agrava ante la absoluta inacción del Gobierno de España».

Prohens ha explicado que este año han llegado a las costas baleares un 33 % más de personas en patera que en el mismo periodo del año pasado, lo que supone más de 300 migrantes más y cerca ya de los 1.500 migrantes irregulares. La presidenta también ha alertado de la presión que esta situación genera sobre los ayuntamientos y los consells insulares, especialmente ante la llegada constante de menores extranjeros no acompañados, que actualmente superan los 700 en las Illes Balears. En este sentido, Prohens ha valorado que la ministra de Infancia haya reconocido recientemente que «no tiene sentido» derivar a menores de otras comunidades autónomas a las Illes Balears dada la situación de sobreocupación de los centros de protección de menores, un reconocimiento que ha atribuido al trabajo conjunto del Govern y de los cuatro consells insulares.